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Cataluña

La Generalitat retira la acusación contra siete manifestantes independentistas acusados de agredir a mossos

La Generalitat ya no se personará como acusación particular cuando agredan a los Mossos d’Esquadra y no se pueda demostrar la autoría de las lesiones. Esta decisión supone un paso más en el acuerdo de investidura entre Esquerra Republicana (ERC) y la CUP, que pactaron que el gabinete jurídico del Govern se retirase de aquellas causas contra manifestantes acusados de altercados en disturbios, en caso de que no hubiese agentes heridos.

Esta nueva cesión del Govern Aragonès a los antisistema la ha escenificado un letrado de la Generalitat que, este jueves, ha retirado la acusación contra siete manifestantes, acusados de presuntos desórdenes, atentado y lesiones a mossos en la protesta por la investidura fallida de Carles Puigdemont, el 30 de enero de 2018.

«El criterio determinante de nuestra actuación era la existencia de lesiones y en este momento no se puede determinar su autoría», ha explicado el abogado al inicio del juicio esta mañana en la Audiencia de Barcelona, donde ha detallado que la acusación se retira por orden del Departamento de Interior.

Desde esta Consejería han explicado a ABC que «la Generalitat tiene la obligación de defender a los mossos, y así lo hará, pero siempre que haya autor conocido de las lesiones», cualquiera que sea la actuación en la que estas se produzcan. Es decir, no se limita a manifestaciones.

De hecho, según informan las mismas fuentes, el gabinete jurídico de la Generalitat revisa otras treintena de causas, de las que valora retirarse también como acusación particular. «Evidentemente, siempre que se pueda identificar a los autores de las lesiones, la Generalitat defenderá a los agentes», subrayan desde el Departamento de Joan Ignasi Elena.

Nuevo agravio a los Mossos
La decisión del Govern ha generado malestar entre las filas de la policía catalana. «Luego son ellos los que reclaman no mezclar política y Justicia», critica Albert Palacio, portavoz del sindicato USPAC, que recuerda que para que se pueda demostrar quién ha sido el agresor primero se tiene que celebrar el juicio.

Palacio enmarca este decisión del Ejecutivo catalán en una nueva cesión a los antisistema, tras el pacto para la investidura de Aragonès y en la negociación para aprobar los Presupuestos catalanes para 2022. «Lo de la Generalitat es ya un ‘show’», ha criticado.

El juicio ha quedado aplazado y se retomará dentro de quince días. La Fiscalía, en su escrito de acusación, pide tres años de prisión para cada uno de los procesador por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y delitos leves de lesiones.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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