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Cataluña

Rafael Arenas: «La presión internacional crecerá, porque el Gobierno la favorece»

Rafael Arenas García (Castrillón, Asturias, 1967) es catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de más de 200 publicaciones de temática jurídica y ha escrito en varios diarios como ABC, ‘El Periódico’, ‘El Confidencial’, ‘Crónica Global’ y ‘The New York Times’. Presidió Societat Civil Catalana y actualmente es vicepresidente de Impulso Ciudadano.

Esto no se acaba.

No, no se acaba, y es muy ilusorio pensar que algo que ha enraizado tanto pueda cambiar de una manera rápida. No es realista. Hay en Cataluña una parte importante de la población que quiere la independencia, y que tiene acceso fácil a las instituciones. Eso no va a cambiar. El cambio, si se produce, será muy lento.

¿Qué hacer?

Lo primero es definir cuál es el problema, y el problema en Cataluña es que el gobierno regional, y algunos locales, actúan al margen de la ley. Esto es un problema con el que no se puede seguir, pero que no está ni identificado ni está en la agenda. Esta semana mismo se ha sabido que el TSJC ha confirmado la sentencia contra la UB por vulnerar la neutralidad ideológica al publicar un manifiesto a favor de los presos del 1-O. Esto es constante, como el incumplimiento del castellano como lengua vehicular en la escuela… No hay voluntad para cumplir la ley, y eso no es admisible.

La sociedad está partida.

Mire, que haya muchos catalanes que quieran la independencia no es un problema, o sí lo es, pero menor. Es una circunstancia. Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en cuál es el marco de convivencia, cómo gestionamos la sociedad en adelante. Yo trataré de convencer a los independentistas para que cambien de idea, y ellos lo harán a la inversa. Eso no debería ser un problema si asumimos y cumplimos todos las reglas de juego.

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Hemos asumido como normales cosas que no lo son.

Efectivamente. Cataluña es una sociedad sin consensos, dividida entre los nacionalistas y los que no lo son. Y en una sociedad en la que no hay consensos lo único que garantiza la convivencia es el cumplimiento de la ley. Si una parte de la sociedad se cree legitimada para actuar al margen de la ley, a la otra parte qué es lo que le queda: someterse o incumplir la ley. Si esta no se cumple vamos o al sometimiento o al enfrentamiento civil. Una vez, hablando con un vecino, llegamos a un punto en el que él llegó a decir: ¿Cumplir la ley a cambio de qué? Ese es el punto. Es lo que dicen los líderes que salieron de la cárcel, y es el discurso que ha asumido el Gobierno. Es una coacción permanente. No puedes decir que hay libertad cuando una parte de la sociedad, en la que se insertan las autoridades públicas, dice que solo cumplirá la ley si el resto hace una u otra cosa.

Se incumple la ley, y se empapa el tejido social de nacionalismo. Voluntad totalitaria.

Sí, desde una visión totalitaria es una práctica inteligente. Se penetra en el deporte, en el ámbito cultural, incluso en el infantil… La gente calla para no desentonar o, como dicen ellos, para no provocar. Son tics de sociedades totalitarias que asumimos como normales.

Tras los indultos, Junqueras sentencia: «Todo sigue». ¿Qué cambia pues?

Cuando Sánchez dice que esto se va arreglar, me pregunto qué es lo que se arregla. El incumplimiento de la ley va a seguir. Vería que esto cambia si de los edificios públicos saliesen los símbolos partidistas, si las universidades no fuesen partidistas y si el presidente de la Generalitat dijese que sí, que es independentista, pero que actuará siempre conforme a la ley. Eso sería solucionar el auténtico problema, pero eso no va a pasar. Los indultos no sirven para eso. La pregunta es: ¿qué utilidad tienen?

Concordia, reencuentro, dice el presidente.

Me parece muy bien, son palabras muy bonitas, pero aquí hablamos de política. Yo cuando me reencuentro es con mis amigos, pero esto va de política. La función primera de un Gobierno es garantizar el cumplimiento de la ley, y los indultos no sirven para eso.

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ERC ha aparcado la unilateralidad, dicen.

El PSOE dice que a ellos no les harán un 1-O, o una DUI, como sí hicieron al PP. Eso es probablemente verdad. Pero eso no es lo esencial. Lo que temo es que los indultos irán acompañados de una mayor residualización del Estado en Cataluña que hará que, en el momento en que lo decidan, el independentismo pueda repetir lo de 2017, aunque ya no con Sánchez en La Moncloa.

Los indultos son fruto de la presión europea, asegura el independentismo.

Desde 2017 se perdió una oportunidad de explicar en el mundo qué pasó aquí realmente. La percepción exterior es equivocada. Desconocen qué es la Generalitat, desconocen que maneja un presupuesto de 25.000 millones al año, con transferencias importantísimas. Lo que ha cuajado es la idea de que en 2017 los ciudadanos desarmados se levantaron frente al poder público. Y no saben que en realidad fue el poder público el que se desligó de las ataduras legales para pasar por encima de la mitad de la población que no estaba de acuerdo. Esto España no lo ha explicado.

El relato exterior lo ha ganado el secesionismo.

Sí, y con la ayuda del Gobierno. En la UE, o en el Consejo de Europa, tienen el conocimiento que tienen, y llegan a donde llegan. Y si ven que el Gobierno de España indulta para rebajar la tensión, o libera a Junqueras porque es un ‘elemento clave’, es muy difícil explicarles otra cosa. Sería milagroso. Por eso la presión internacional crecerá, porque el Gobierno la favorece.

Al menos, los indultos dividen al independentismo.

Algo de eso hay. Pero la idea de dividir tiene también una lógica partidista. Su idea es reeditar un tripartito en el que quedaría fuera Puigdemont, y que serviría para apoyar al Gobierno del PSOE. Les puede funcionar, pero si el precio a pagar por la división independentista es que el Gobierno de España asuma la retórica nacionalista, no sé qué es lo que hemos ganado.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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