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Cataluña

Un informe desmonta el 'procés' lingüístico de la Generalitat

¿Está en situación de riesgo la lengua catalana? ¿Es realmente la lengua débil en Cataluña, la más minorizada? Tras los indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O, las fuerzas independentistas llevan meses construyendo las bases de su nuevo ‘procés’, esta vez lingüístico, con el que pretenden superar sus desencuentros internos y volver hacer frente común enarbolando la bandera de la lengua.

La defensa del uso del catalán, en diferentes ámbitos, muy específicamente en el de la enseñanza, es el caballo de batalla de su nueva ofensiva para, según arguyen, «rescatar» a la lengua autonómica, «amenazada por el creciente uso del castellano en el ámbito social». Varios informes publicados en los últimos meses y avalados por el Govern -el del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, el del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), y el presentado más recientemente por la consejería de Cultura en el marco del Pacto Nacional por la Lengua- constatan la baja forma en la que se encuentra la lengua autonómica y su retroceso como lengua de uso en el ámbito social.

Por contra, un informe realizado por la asociación Impulso Ciudadano desmonta esta teoría y demuestra con datos que esta estrategia política del frente nacionalista, construida en un momento de máxima sensibilidad debido a la obligatoriedad, por parte del Govern, de cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020 que le obliga a impartir en todo el sistema educativo al menos un 25 por ciento de las asignaturas en castellano, es «una argucia para saltarse una vez más los pronunciamientos judiciales».

El Pacto Nacional por la Llengua, que tiene su punto de partida en la aprobación el 30 de septiembre de 2021 de la Resolución 102/XIV sobre la orientación política general del Gobierno, es el eje sobre el que pivota de esta nueva «acción de país», aunque, según denuncia Impulso Ciudadano, «dicho pacto no tiene voluntad integradora puesto que se centra exclusivamente en la lengua catalana, a la que convierte en una herramienta de movilización al servicio del nacionalismo excluyente, ignorando por completo los derechos lingüísticos de los castellanohablantes».

Una argucia nacionalista
«La referencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la debilidad de la lengua catalana es la gran argucia nacionalista que, a fuerza de repetirse, se ha convertido en el leitmotiv del ‘procés’ lingüístico que aparentemente está sustituyendo al debate sobre el proceso independentista», añade la asociación. «De hecho, -añade IC en su nota-, el presidente de la Generalitat insistía el 4 de abril en la necesidad de defender desde el Govern la amenazada lengua «con toda la fuerza y medios a su alcance» para fijar «la política lingüística en las escuelas, que no debe ser decisión de ningún tribunal».

Para armar la nueva estrategia nacionalista, las instituciones catalanes han adoptado, según denuncia IC, «políticas destinadas a sobreproteger el uso del catalán y a discriminar a los castellanohablantes». En su informe, Impulso Ciudadano reporta más de un centenar de disposiciones legales dirigidas a varios ámbitos con un único objetivo: «proteger el catalán». Alude en concreto a un total de 138 normas que instan a priorizar el uso de la lengua catalana en campos que abarcan desde la función pública y el mundo educativo hasta la actividad comercial y empresarial. Asimismo, informa de que hay en activo un total de 281 entidades destinadas a fomentar, con fondos públicos, las actividades en lengua catalana. Según el documento, «sólo en la consejería de Cultura constan 14 organismos dedicados a la protección de la lengua autonómica con un presupuesto de 384,96 millones de euros».

«La protección jurídica no se agota -según matiza la asociación- en esas 138 disposiciones principales que amparan, obligan o recomiendan el uso del catalán. Hay muchas más de rango inferior que concretan de forma exhaustiva los usos lingüísticos de las Administraciones y de éstas con los administrados» , añade Impulso Ciudadano.

En su denuncia, Impulso Ciudadano reporta también los datos sobre la hegemonía del catalán en la educación registrados en el estudio de los proyectos lingüísticos que realizó la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Entre otras conclusiones, el estudio reveló que nueve de cada diez alumnos no estudian en español hasta los seis años (primer curso de Educación Primaria), solo el 7,7 por ciento de las escuelas imparten una asignatura no lingüística en castellano; ningún centro cumple con el mínimo del 25 por ciento en castellano en las asignaturas troncales; que el 98,5 por ciento de los proyectos lingüisticos veta el castellano en las comunicaciones orales en todos los ámbitos del centro educativo: pasillos, patio, comedor, trato con personal docente y no docente, y de estos con los alumnos, y que el 88,8 por ciento de los proyectos establece que la única lengua de comunicación oral con las familias es el catalán. Asimismo, un 94,9 por ciento de las actividades extraescolares se realizan exclusivamente en catalán.

Subvenciones
Lo recogido en este informe demuestra, según apuntan los organizadores, «la falsedad del aserto de la lengua catalana amenazada, convertido en eslogan manipulador que no resiste la comparación con la realidad de una lengua amparada por 138 disposiciones principales, promovida desde 14 organismos de la Generalitat, financiada con 385 millones de euros del departamento de Cultura, más 13,5 millones extra de reciente aprobación, más diferentes dotaciones de otros departamentos, alentada desde 20 páginas web institucionales, escoltada por 281 entidades privadas con el anzuelo de desgravaciones fiscales, aventajada en subvenciones del Estado para tecnologías del lenguaje, etcétera. Y, por delante de todo eso, lengua de la inmersión obligatoria en la enseñanza, que implanta el monolingüismo en la actividad escolar».

«Los llamamientos a la insumisión lingüística llevados a cabo recientemente mediante resoluciones del Parlament y el empecinamiento del Gobierno catalán en alentar las muestras de insumisión frente a las decisiones de los Tribunales permiten hablar de una suerte de nuevo ‘procés’ lingüístico que no es comparable al desvarío del Parlament en septiembre de 2017 con las leyes de desconexión y a la celebración del referéndum ilegal de octubre del mismo año, pero se asemejan ambos sucesos en la deslealtad y enfrentamiento al Estado de Derecho», concluye Impulso Ciudadano.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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