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Madrid

Madrid seguirá aplicando su propia normativa de restricciones al tener «la competencia exclusiva»

Las restricciones para controlar la evolución del Covid-19 han vuelto a poner en el frente de batalla a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad. El Gobierno central aprobó ayer el nuevo Documento de Acciones Coordinadas (DAC), con la oposición de Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Murcia, que establece un semáforo para regular la intensidad de las limitaciones en bares y restaurantes y en el ocio nocturno, entre otros sectores. La ministra del ramo, Carolina Darias, advirtió a las regiones que dicho documento es de «obligado cumplimiento» y «se publicará como una orden del BOE». Pero la comunidad que preside en funciones Isabel Díaz Ayuso no está dispuesta «a dar pasos atrás».

Ayuso defendió ayer que los establecimientos de hostelería «no pueden pagar la ineficacia del Gobierno de Pedro Sánchez» e insistió en que seguirán «aplicando la normativa autonómica» en estos lugares. «Los establecimientos de hostelería son lugares seguros y aliados para superar esta crisis», subrayó la dirigente madrileña. En esa misma línea, se pronunciaron fuentes regionales que trasladaron que, lo que se impondría a Madrid con los datos actuales, pese a la caída en la incidencia y hospitalizaciones y el avance de la vacunación, sería el cierre perimetral, reuniones de hasta cuatro personas, no abrir interiores, recomendar permanecer en el domicilio, cerrar gimnasios, suspender las oposciciones y la EBAU y mantener un tercio de aforo en espacios cerrados, algo por lo que no están dispuestos a pasar debido a la favorable evolución de casos.

Con todo, la Comunidad de Madrid espera que Sanidad rectifique y busque un consenso que actualmente no existe con las comunidades respecto a las nuevas restricciones a imponer de cara a la temporada de verano. El Gobierno madrileño defiende que tienen la competencia exclusiva en materia sanitaria y al Estado solo le compete la coordinación al no estar sometidos a un estado de alarma. De hecho, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha insistido en que Madrid va a seguir aplicando los criterios y decisiones que establezca la Consejería de Sanidad.

En una entrevista en ‘Onda Madrid’, recogida por Europa Press, el consejero madrileño ha remarcado que desde el Ejecutivo autonómico entienden que el documento «no es un acto de obligado cumplimiento» y ha aprovechado para traer a colación que en octubre se recurrieron ante la Audiencia Nacional sendos acuerdos de órdenes del exministro Salvador Illa. «Los acuerdos que se adoptan solo obligan cuando son unánimes o cuando no hay votos en contra porque lo dice la Ley que lo regula. La competencia en materia sanitaria es solo de las comunidades autónomas y el Estado tiene la competencia de coordinar. No puede ser una imposición. Hay que buscar consenso», ha aseverado. En la misma línea, ha insistido en que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que los acuerdos sean por consenso. «Lo dice la Ley que vincula a todos y no solo al Gobierno, que parece que le molesta mucha y trata de contraponer la ley como hace con los indultos», ha dicho.

Así, ha señalado que para que los acuerdos sean vinculantes tiene que haber una ausencia de votos en contra, lo que se consigue «con un consenso y no con un documento impuesto sin un ámbito para discutir las propuestas, máximo cuando Madrid ha demostrado que tiene una capacitación por encima del resto». Seguidamente, ha recalcado que parece mentira que se adopten unos criterios de riesgo por las nuevas cepas del Covid mientras con el aeropuerto de Barajas no se hace nada, lo que ve como «una absoluta paradoja». «La Comunidad va a seguir aplicando las normas y criterios en virtud de su competencia exclusiva. Esperamos que Darias haga gala de ese consenso que tanto predica y esa cogobernabilidad abriendo un periodo de búsqueda de consenso», ha subrayado.

Además, a López le ha llamado la atención que bajo el estado de alarma, las comunidades tenían «total libertad» a la hora de adoptar restricciones a la actividades económicas mientras que en «un estado normal sin competencias quiera imponer decisiones que no hizo en el momento de mayor gravedad». «Ahora estamos casi como en agosto pero con la población vacunada gracias a las comunidades. El Gobierno solo actúa como una plataforma logística por eso no conviene ponerse medallas. El esfuerzo es de las comunidades», ha destacado. «Si la ministra entiende que ese acuerdo es de obligado cumplimiento, en Madrid entendemos que no. Ya lo tenemos recurrido desde el mes de octubre. Siempre van en contra de sus propios actos. Ahora nos advierten de que en verano puede aumentar el riesgo. La diferencia es que está la vacunación y no puede haber medidas más restrictivas que durante el estado de alarma. No tiene rigor y jurídicamente no puede ser obligatorias», ha espetado.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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