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Madrid

Unos 2.500 profesores de centros concertados, despedidos y sin indemnización

El final de curso ha sido amargo para cerca de 2.500 profesores de la enseñanza concertada, que durante todo el curso pasado, en lo más crudo de la pandemia, reforzaron las plantillas de los centros para hacer posible el cumplimiento de las medidas de control del Covid-19: aulas desdobladas y con menos alumnos por clase. Estos docentes han visto cómo su contrato se acababa con el último día lectivo, pero aún les esperaba otra sorpresa: recibieron el finiquito, pero no la indemnización correspondiente.

En concreto, se trata de una compensación recogida en la normativa y que supone 12 días de sueldo por año trabajado. En el caso de estos profesores, la mayoría de los cuales firmaron sus contratos para empezar a trabajar en otoño, les corresponderían 9 días de indemnización. En números redondos, calculan fuentes del profesorado, supondrían unos 400 euros de media por cada uno de ellos. O, lo que es lo mismo, en torno a un millón de euros para el conjunto.

Informe jurídico
Una cantidad importante de la que nadie se quiere hacer cargo: la consejería de Educación mira a los centros escolares, y éstos a la Administración regional. Y mientras, los docentes ya han sido despedidos y no han cobrado.

El Gobierno regional no paga estas indemnizaciones. Así ha ocurrido históricamente, y así lo confirman fuentes de la Consejería de Educación:este área «solicitó un informe a los Servicios Jurídicos en el que finalmente se concluye que no debe abonar las indemnizaciones legales por despido». Se basa esta decisión en el argumento de que «la Comunidad de Madrid está obligada al pago delegado de las nóminas de los docentes de centros concertados en lo que respecta a lo que señala la normativa (LOE)» pero eso «no incluye las indemnizaciones legales por despido».

La situación la confirma el secretario del sindicato mayoritario en el sector, FSIE-Madrid, Francisco José del Castillo explica que «los contratos Covid caducaron el último día lectivo, y entonces los profesores debían recibir su finiquito, con el sueldo del mes y la parte proporcional de pagas extra y vacaciones; pero también su indemnización». En este último asunto, añade, hay «un litigio entre la Consejería y las empresas», a resultas del cual los docentes no han cobrado ese concepto. «A nosotros nos da igual quién lo pague; no entramos en quién lo abone, pero vamos a gestionar jurídicamente las reclamaciones de cantidad correspondientes», aclara Del Castillo.

Reclamaciones
De hecho, fuentes del profesorado explicaron a ABC que estaban recibiendo recomendaciones de los sindicatos para presentar una reclamación en el Servicio de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid. Una acción en la que también estaban siendo apoyados por los propios centros educativos, primeros interesados en que sea la Administración la que corra con ese gasto.

Desde CC.OO. insisten en la necesidad de que, en el caso de estos trabajadores que fueron contratados en la enseñanza concertada por la pandemia, «se mantenga su contratación» para el próximo curso, algo que no se recoge de momento.

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Recuerdan que «el contrato eventual por circunstancias de la producción está regulado en el artículo 15 1.b del Estatuto de los Trabajadores» caduca cuando «llega el plazo que se pactó» para su duración. En este momento, se abona un finiquito en el que «deben aparecer el salario devengado del mes de finalización de contrato, que será proporcional a los días trabajados ese mes;la parte proporcional de las pagas extraordinarias; las vacaciones generadas y no disfrutadas» y también «la indemnización por fin de contrato», equivalente a «12 días por año trabajado».

Los docentes critican el largo proceso de bajada de ratios: «Cuando llegue a sexto de Primaria, me habré jubilado»
La pandemia, que ha traído tantas cosas malas, fue causante directa de una importante mejora en la Educación madrileña: las ratios de alumnos por aula se redujeron, para minimizar los contagios, hasta quedar en 18 niños por clase en Primaria, frente a los 25 máximos que recoge la ley. Menos estudiantes por clase que se tradujeron, de forma inmediata, en mejores resultados, algo que han destacado tanto profesores como padres. La presidenta Díaz Ayuso ha prometido ir reduciendo de manera «progresiva» estas ratios: dejarlas como estuvieron este año supondría 700 millones de euros más en el presupuesto, afirman en el Gobierno regional. Pero los sindicatos docentes se quejan de lo lento de la implantación de las nuevas ratios: en el curso 22-23 empezará a aplicarse a los niños de 4 años, y desde ahí irá extendiéndose. Francisco del Castillo, de FSIE, denuncia esa lentitud: «Me puedo jubilar y no habrá llegado a sexto de Primaria».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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