La pregunta ha quedado sin respuesta. ¿El Ayuntamiento de Madrid intentó espiar a Isabel Díaz Ayuso y a su entorno bajo la batuta de la dirección nacional del PP? «Aún a pesar de los fuertes indicios, quedará pendiente de respuesta definitiva», concluye el dictamen final de la comisión de investigación que ha intentado esclarecer en los últimos tres meses si se orquestó una trama detectivesca en torno a la baronesa madrileña, que ella misma denunció públicamente el pasado febrero. El epílogo a las diez sesiones de trabajo y 19 comparecencias ha finalizado sin más consecuencias que un documento que acusa al PP de «mala praxis».
Esas han sido las dos palabras que ha utilizado el concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), para justificar su alianza con la izquierda en la aprobación del dictamen que se elevará al próximo pleno en el mes de julio. Ciudadanos, PSOE y Más Madrid han votado a favor. El Grupo Mixto, formado por los tres concejales carmenistas que rompieron con Más Madrid el año pasado, se ha abstenido. Vox, cuyo paso por la comisión ha sido meramente testimonial, y PP han votado en contra.
Ciudadanos censuró el escándalo de su socio de Gobierno el mismo 17 de febrero, cuando los medios de comunicación desvelaron el supuesto caso de espionaje en el seno del consistorio. La vicealcaldesa Begoña Villacís fue tajante: «No vamos a permitir en ningún caso que usen el Ayuntamiento de Madrid y su dinero para las guerras partidistas del PP, es vergonzoso lo que estamos viendo». Tres meses más tarde, la formación naranja ha apoyado el dictamen de conclusiones, pero no ha habido represalias en el matrimonio del Palacio de Cibeles.
Las ausencias de 26 de los 45 comparecientes citados por los grupos municipales han protagonizado una comisión inútil a la hora de arrojar luz al caso que desbarató al PP y desencadenó la dimisión de su líder, Pablo Casado. Faltaron los protagonistas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso. El exalcalde madrileño Alberto Ruiz Gallardón, la «persona de confianza» que habría advertido del supuesto espionaje a Ayuso y al regidor José Luis Martínez-Almeida. El excoordinador de Alcaldía, Ángel Carromero, la primera dimisión que se cobró el escándalo. David Fernández, la segunda cabeza cortada, el exjefe de prensa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), donde presuntamente se intentó contratar los servicios de un detective privado, Julio Gutiez, que también esquivó su comparecencia. Y el exjefe de prensa de Alcaldía, Joaquín Vidal, ahora al frente de la comunicación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
Los grupos municipales han aprobado por unanimidad un segundo documento, un dictamen de recomendaciones. Cinco puntos que también se elevarán al pleno con el propósito de mejorar la gestión de este tipo de situaciones en el futuro. «La primera es que todo compareciente que reciba recursos económicos del ayuntamiento deba declarar», ha asegurado el concejal del PP José Fernández.
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