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Madrid

PP y Vox echan un pulso con las bajadas de impuestos como telón de fondo

El más duro enfrentamiento por las políticas fiscales a aplicar en Madrid lo están protagonizando los dos partidos que más cercanos son, ideológicamente, en ese campo:PP y Vox mantienen un pulso político en el que ambos están argumentando a favor de la bajada de impuestos. Unos piden rebajas mientras mantienen paralizada la norma que blinda estas bajadas, y los otros rechazan propuestas de bonificaciones que, en espíritu, se recogían en su propio programa electoral.

La bronca de la jornada comenzó a fraguarse antes de iniciar el pleno semanal en la Asamblea: Rocío Monasterio colgaba un tuit en sus redes sociales quejándose de que el consejo de Gobierno regional había tumbado su proposición de ley para bonificar el impuesto de Sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos.

Con una fotocopia de la reseña del consejo en su mano, Monasterio abroncó al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, en el momento en que se lo cruzó por los pasillos de la Asamblea. Ambos mantuvieron una conversación que como poco podría calificarse de tensa.

Medio punto menos de IRPF
Ya dentro del hemiciclo, la pregunta de control a la presidenta que hizo Vox, y que en teoría se refería a la reserva de suministros estratégicos en la Comunidad, se centró en la política fiscal que había que poner en marcha para paliar los efectos de la crisis actual. Rocío Monasterio afeó a la presidenta Díaz Ayuso que pida a Pedro Sánchez que baje los impuestos, y no «empiece a hacerlo aquí; necesito que sea coherente». Criticó que le tumbaran su proposición de ley de bonificaciones del impuesto de Sucesiones para tíos y sobrinos y para hermanos, y propuso por añadidura una reducción de medio punto en el IRPF de los madrileños. «Aléjese de la izquierda», le aconsejó a Díaz Ayuso.

Desde el Gobierno regional recordaban que hay otro asunto relacionado con las bajadas de impuestos y que Vox tiene paralizado: la ley que blinda las rebajas fiscales aprobadas en la Comunidad, a la que Vox ha planteado una enmienda a la totalidad. Conseguir luz verde para esta Ley de Autonomía Financiera es prioritario para los populares: recuerdan que de ella depende, por ejemplo, poder aplicar bonificaciones en impuestos como la que pedía Vox en su proposición de ley.

Por eso, solo después de sacar adelante la Ley de Autonomía Financiera se retomarán otras medidas en materia de tributos, como esta que ahora se ha tumbado a Vox y que ya recogía, en su espíritu, el programa popular: el PPhablaba de una bonificación que pasaría del 10 por ciento actual al 20 por ciento entre tíos y sobrinos, y del 15 al 25 por ciento entre hermanos. Vox pedía que fuera del 99 por ciento en ambos casos.

Más allá del ruido, la jornada se saldó con el rechazo de las tres enmiendas a la totalidad a la Ley de Mercado Abierto, que permite que cualquier autónomo de España –«socorristas, conductores de ambulancias, técnicos de laboratorio» o el que monta ascensores, por poner algunos ejemplos– y cualquier empresario pueda vender y distribuir sus productos aquí. Las enmiendas las presentaron Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Y en esto, PP y Vox estuvieron a la par, a favor de la ley.

La Ley, según las previsiones del Gobierno regional, supondrá un aumento del PIB madrileño de un 1,6 por ciento a medio y largo plazo

La Ley, según las previsiones del Gobierno regional, supondrá un aumento del PIB madrileño de un 1,6 por ciento a medio y largo plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos.

Con el rechazo de las tres enmiendas a la totalidad, pasó ayer el último obstáculo: salvo los cambios que se puedan introducir en su texto en comisión, técnicamente, ya está aprobada. Y eso que el rechazo de los grupos de oposición a la misma fue frontal: Sol Sánchez (UP) criticó que el PP ejerza «el fundamentalismo de mercado» y «armonice a la baja pasando por encima de los derechos que salvaguardan a los consumidores».

Eduardo Gutiérrez (Más Madrid) entiende esta ley como «una claudicación por parte de Ayuso en el ejercicio de su responsabilidad, porque pone nuestra comunidad bajo la tutela de las normativas de las otras regionales». Y acusó al consejero Fernández-Lasquetty de ser «un topo de Vox». La socialista Pilar Sánchez-Acera dijo que la ley supondrá «una competencia desleal con los empresarios madrileños». Lasquetty defendió que el resto de autonomías «no son territorio comanche: allí también saben hacer las cosas bien».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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