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Madrid

Las 28 sedes de Madrid que se mudan a la Ciudad de la Justicia liberarán 228.000 metros cuadrados en la ciudad

Un total de 28 edificios judiciales distribuidos por puntos estratégicos de la ciudad –como la Plaza de Castilla, la calle Princesa, la Gran Vía o la calle Pradillo– dejarán de tener ese uso en pocos años. Así lo prevé el tercer proyecto de Ciudad de la Justicia, que planea la mudanza de todas estas sedes a la parcela propiedad de la Comunidad de Madrid que se encuentra en Valdebebas, junto al Hospital Isabel Zendal y la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Un suelo al que en pocos años está previsto que llegue el Metro, en el que habrá un aparcamiento gigantesco con cerca de 4.000 plazas, y sobre el cual se levantará un complejo judicial de cuya construcción, mantenimiento, limpieza y seguridad se ocupará la empresa o grupo de empresas que gane el concurso que va a convocar a tal efecto el Gobierno regional.

La operación será planteada este miércoles ante el Consejo de Gobierno. Los órganos judiciales que se trasladan son el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial Civil y Penal, los juzgados de todas las jurisdicciones (Penal, Primera Instancia, Mercantil, Social y Contencioso-Administrativo), el Registro Civil, el Decanato de los Juzgados de Madrid, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Fiscalía Provincial. En total, supone dejar libres 228.000 metros cuadrados de oficinas en la capital, en ubicaciones estratégicas.

De todos estos inmuebles, algunos son propiedad de la Comunidad de Madrid: los juzgados de la Plaza de Castilla; el edificio del Registro Civil, en Pradillo 66; o los de los juzgados en Gran Vía 19 y Capitán Haya 66. Todos ellos revertirán a la Consejería de Hacienda, que será quien decida su destino futuro. En cuanto a las sedes ahora en alquiler, se están acompasando sus contratos para que venzan coincidiendo con el traslado al nuevo complejo. Se negocian, por ejemplo, prórrogas que vayan venciendo anualmente, explican en la Consejería de Justicia, que dirige Enrique López.

Más de 328.000 asuntos
El consejero, juez hasta su entrada en política, tiene clara la importancia de Madrid como partido judicial: tiene más juzgados que varias comunidades autónomas, y en 2020, trató 328.133 asuntos, más que Barcelona, Sevilla y Valencia juntas.

Para arrancar este tercer –y se quiere definitivo– proyecto de Ciudad de la Justicia, lo primero que tuvo que hacer el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue enterrar el pasado: renunciar a los proyectos anteriores y declarar el desestimiento de la adjudicación realizada en 2015. Una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2020 le dio vía libre para acometer su propio proyecto.

El primer paso que se dio fue encargar, mediante concurso público, un estudio de viabilidad económica para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia. Lo ganó Eguesan, una consultoría canaria que cobró algo más de 200.000 euros por dicho estudio. Este estudio, como base del proyecto, se someterá ahora a información pública.

La idea del ejecutivo madrileño es sacar a concurso la concesión de la Ciudad de la Justicia: la adjudicataria tendrá que encargarse de la construcción de en torno a 18 edificios, de entre 3 y 9 alturas –375.000 metros cuadrados en total–, que albergarán las sedes judiciales de la capital. Algo que costará, de acuerdo con el informe de viabilidad, unos 507 millones de euros.

Pero además, la concesionaria deberá hacerse cargo del mantenimiento de estos edificios durante los 40 años que dure la concesión, lo que implica el servicio integral de seguridad y vigilancia, la limpieza de todas las instalaciones, los servicios de archivo, la gestión de documentación y la atención al ciudadano, entre otros…

Ahorro regional
A cambio, recibirá anualmente un canon de 50 millones de euros que le pagará el Gobierno regional. Se lo abonará una vez finalizada la construcción y recepcionados los edificios. Dado que la adjudicación del concurso la prevén para finales de 2022 o inicios de 2023, será tres años después de esta fecha cuando estén concluidas las obras de la Ciudad de la Justicia: en 2026. Entonces, y no antes, comenzará a pagarse el canon, informó el consejero Enrique López.

La empresa adjudicataria tendrá además otro incentivo: los ingresos que obtenga por la explotación comercial de los bajos y entornos del complejo de la Justicia, donde podrá poner en marcha servicios como farmacias, restaurantes, guarderías, gimnasios, sucursales bancarias o cualquier otro que pueda estimar.

Una vez el proyecto esté en el mercado, serán las compañías las que deban hacer números para valorar su rentabilidad. El consejero Enrique López destaca que el canon a abonar, 50 millones de euros anuales, será sensiblemente menor a los 72 millones de euros que ahora gasta el Gobierno autonómico en arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico, archivo, etcétera.

Respecto al futuro aspecto de la Ciudad de la Justicia, López apuesta por un modelo sobrio y funcional: «Edificios modernos, autosuficientes desde el punto de vista energético, dignos», pero no necesariamente referentes arquitectónicos.

Bajo rasante, existe en la actualidad todo un complejo de túneles, carreteras y espacios construidos y nunca utilizados, que se van a incorporar al proyecto, aseguran en la Consejería de Justicia. Habrá un parking con 4.000 plazas –en parte de uso público, y en parte reservado para los usos de la Ciudad de la Justicia–, y también probablemente otros usos como depósitos o calabozos.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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