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Madrid

El Defensor del Paciente alertó del peligro de liberar a De Mingo: «Con esta patología no podía pasar otra cosa»

En 2003, la doctora Noelia de Mingo sufrió un brote de esquizofrenia y apuñaló a ocho personas en la Fundación Jiménez Díaz. Tres de ellas murieron. El juicio se produjo tres años más tarde y la exmédico fue absuelta e internada en un psiquiátrico. Salió en 2017, cuando regresó con su madre casi octogenaria a El Molar. Los servicios jurídicos del Defensor del Paciente que representaron a las víctimas alertaron entonces del «tremendo error» de su puesta en libertad. De nada sirvió y, cuatro años después, Noelia de Mingo ha vuelto a acuchillar.

«Con una patología como esta no podía pasar otra cosa. Cuando dejan de tomar la medicación, tienen una de estas crisis y ven enemigos por todos lados», dice por teléfono la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, que poco después del suceso difundió un comunicado recordando su postura respecto al caso. La Justicia absolvió a De Mingo por cometer los crímenes con sus facultades anuladas por la enfermedad y, en su lugar, aplicó una medida de internamiento en un centro psiquiátrico por un máximo de 25 años. Tras una década en Fontcalent (Alicante), la evaluación de médicos, forenses y psiquiatras era favorable: la esquizofrenia paranoide de De Mingo, afirmaban, estaba en completa remisión.

Sin embargo, «eso no es cierto», zanja el letrado de las primeras víctimas, Carlos Sardinero. El auto que ponía fin al internamiento alegaba además que De Mingo había elaborado «conciencia del daño producido». Los afectados, no obstante, lo pusieron en duda. «Jamás pidió perdón, la falta de empatía es uno de los síntomas de la esquizofrenia, la enfermedad no había remitido», explica Sardinero, que ha solicitado una vista en la Audiencia Provincial de Madrid para que los especialistas que han atendido a la doctora durante once años defiendan sus informes. También ha pedido que acuda De Mingo, donde se le podrá realizar una entrevista y estudiar su situación actual.

Modificar la ley
Dos décadas después, Sardinero vaticina que la historia se repetirá. «Ella defenderá que tenía sus facultades anuladas y se le aplicará la medida de internamiento en centro penitenciario, pero en 2030 o 2040, ¿qué pasará?», cuestiona el abogado del Defensor del Paciente que, para evitar tragedias similares, promoverá «una modificación de la ley para los enfermos mentales que han cometido delitos de forma reiterada». En 2017, sus advertencias no surtieron efecto: «No podemos asumir el riesgo de que lo vuelva a hacer. Hemos pedido que se celebre una vista a la que acuda su madre y que la Clínica Médico Forense, imparcial, evalúe a De Mingo. Ingresada está controlada, pero fuera y ante situaciones problemáticas puede sufrir algún brote».

Han pasado cuatro años y el tiempo le ha dado la razón. Este lunes, De Mingo se ha abalanzado sobre dos mujeres en un supermercado de El Molar. Una se encuentra grave y la otra en estado moderado. La mejoría acreditada en 2017, según el Defensor del Paciente, se debía a que tomaba «la medicación adecuada» y estaba «en un ambiente controlado y sin estrés». «La enfermedad no remite, el control es a base de medicación y vigilancia», resume Flores, que remarca que la cárcel no es lugar para la exmédico. «Queremos que este vigilada, en un centro especializado, bien cuidada y bien tratada. Entendemos que es una enferma», remarca.

Tras la tragedia de 2003, la defensa de las ocho víctimas achacó la responsabilidad civil subsidiaria a la Fundación Jiménez Díaz, ya que los superiores y responsables de De Mingo conocían su estado. En esta ocasión, la presidenta del Defensor del Paciente opina que las culpas recaen en dos partes. Por un lado, quienes elaboraron y elevaron el informe al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante que avalaba su recuperación; por otro, el propio juez que ordenó su puesta en libertad. Pero ya no hay marcha atrás. Con una madre anciana y un chequeo rutinario cada quince días de su médico de familia, De Mingo ha vuelto a perder el control. «Hay tres víctimas, las dos mujeres y Noelia», declara Sardinero, «queríamos protegerla de sus propios actos».

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