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Madrid

La delegada del Gobierno en Madrid impone 600 euros de multa a cada organizador de la marcha neonazi

La marcha neonazi del pasado sábado, en la que participaron miembros de Bastión Frontal y España 2000, está comenzando a traer consecuencias. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha anunciado este martes en una rueda de prensa que impondrá la máxima sanción que permite la ley (600 euros) a cada uno de los dos organizadores del evento, que discurrió entre la plaza de Chueca y la Puerta del Sol. Además, se va a interponer una sanción de 800 euros a cada una de las seis personas a las que se les intervinieron seis bengalas, cinco palos y un puño americano.

Durante el desarrollo de la marcha, comunicada en tiempo y forma por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, bajo el lema ‘Di no a las Agendas 2030-2050’, se exhibió una pancarta en la que se podía leer «En Madrid ni bandas latinas ni menas». Fue durante el transcurso de la marcha cuando la Policía Nacional cacheó y requisó los objetivos peligrosos que portaban algunos de los participantes.

En cuanto a los dos organizadores, la Delegación inició ayer el expediente de infracción administrativa por incumplimiento de la LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, al no ajustarse el objeto de la manifestación al escrito de comunicación, ya que ‘Di no a las Agendas 2030-2050’, nos encontramos una manifestación de carácter homófobo con la máxima sanción que permite la norma: 1.200 euros.

Desde el punto de vista penal, ayer fueron remitidas a la Fiscalía Provincial de Madrid, a la Sección de Ciberodio, el expediente completo de la manifestación junto a las diligencias de investigación efectuadas por la Policía Nacional con el objeto de que ésta instruya si hay hechos constitutivos de delito de odio, en las proclamas que se profirieron durante el recorrido de la misma.

«Si se disuelve, habría sido una batalla campal»
Por otra parte, González ha asegurado que la Policía Nacional en ningún momento se planteó disolver la «vomitiva» manifestación neonazi desarrollada el sábado en Chueca porque «transcurrió sin incidentes» y, de haberlo hecho, hubiera provocado cargas contra niños y mayores, una «batalla campal». Además, ha insistido en que no podían prohibir dicha marcha. «En este país se puede manifestar gente que consideramos desde otros sectores que sus opiniones son muy reprobables. Hay comunidades autónomas donde terroristas piden manifestaciones y se les acepta», ha dicho, en referencia a recientes concentraciones en el País Vasco a favor de un etarra.

Además, la delegada ha afirmado que «le asquea» que en protestas se luzcan banderas y símbolos ultraderechistas y pide al Congreso de los Diputados que apruebe una ley que las prohíba. En ese punto, se ha acordado que los símbolos que sacaron nostálgicos del franquismo cuando salió el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos o de las banderas que veía a aficionados radicales en el estadio Santiago Bernabéu cuando era pequeña. «Hay nazis en nuestra ciudad y vamos a intentar que tengan el menor espacio posible. Si esto sirve para concienciar del extremismo muy peligroso está bien. La Policía ha hecho un informe objetivo del transcurso de los hechos y aporta vídeos, imágenes de las banderas y a partir de ahora será la Fiscalía quien decida si ha habido delito de odio», ha manifestado en declaraciones que recoge Ep.

En otro momento de la rueda de prensa, González ha reconocido que conocían la ideología ultraderechista de uno de los convocantes, a través de la asociación de vecinos de Canillejas, pero ha apuntado que desde que lleva en la Delegación ha convocado otras cuatro manifestaciones también minoritarias y sin incidentes: una para fomentar el deporte, la juventud y la seguridad; otra contra la violencia de las bandas latinas; en junio otra contra «el chantaje de Marruecos contra nuestra nación» y la penúltima el 17 de julio bajo el lema «construyendo barrio a barrio un Madrid seguro». «Hasta ahora no tenía antecedentes, pero ahora ya tenemos datos y se actuará de otra manera», ha avanzado la representante del Gobierno en Madrid para, en caso de que comunique nuevas protestas, la Delegación pueda actuar previamente prohibiéndolas o aumentando la seguridad.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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