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Madrid

El agujero negro de la plusvalía en Madrid: 200 millones devueltos en recursos y otros 500, en el aire

Desde que el Tribunal Supremo (TS) aclararse en julio de 2018 el vacío legal que existía en torno al cobro del impuesto de la plusvalía municipal, una tromba de recursos administrativos y judiciales se comenzó a amontonar en los despachos de la Agencia Tributaria de Madrid. El Alto Tribunal reconoció el derecho a reclamar a los contribuyentes que habían tenido que sufragar el gravamen, a pesar de vender su propiedad por un precio inferior al que lo compraron. Desde entonces, el Ayuntamiento de la capital ha recibido 31.148 recursos, sólo por la vía administrativa. De acuerdo con los datos del último recuento de la Agencia Tributaria a los que ha tenido acceso ABC, a fecha del 31 de diciembre se habían resuelto 30.130 y están pendientes de resolver otras 8.796 reclamaciones.

Solo por este primer revés judicial que afectó a todos los municipios españoles, durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021, el Consistorio de la capital ya ha tenido que devolver 200 millones de euros a los contribuyentes madrileños por estos cobros indebidos. Pero la nueva sentencia del Tribunal Constitucional (TC) hecha pública este martes ha ido un paso más allá y ahora compromete la recaudación de otros 500 millones de euros del que es el segundo tributo por el que más ingresan las arcas municipales.

Segundo fallo
En 2019, el Ayuntamiento recibió 511 millones de euros por esta vía; en 2020, la cuantía se redujo a 400 millones, pero la previsión para los próximos dos años se vuelve a situar en torno a los 500 millones, según los datos que maneja el Área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento. La plusvalía se ha pagado hasta ahora en la compraventa de inmuebles, donde el vendedor debía asumir el impuesto; en las herencias, donde eran los beneficiarios los que lo tenían que costear y, por último, en las donaciones, cuando también el pago lo sufragaban los receptores.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado ahora varios artículos de la ley de Haciendas Locales. Éstos establecen la forma de realizar el cálculo objetivo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (como se denomina oficialmente a las conocidas como plusvalías municipales), pero éste método siempre daba por hecho que se había producido aumento del valor del terreno con respecto al momento de la compra por el mero hecho del paso del tiempo, con independencia de que hubiera existido o no.Esta tesis legal ya había sido cuestionada en un fallo anterior por el propio Constitucional.

El Supremo concretó en 2018 esa resolución del Tribunal Constitucional previa, de 2017, y en su resolución declaraban nulos los artículos que permitían a los municipios cobrar el impuesto en «situaciones de inexistencia de incrementos de valor». No obstante, aún dejaba la puerta abierta en el caso de que por la venta de un inmueble se obtuviera un beneficio. Una salvedad que ha quedado anulada con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Desde el Consistorio reconocen que la situación del Ayuntamiento es «comprometida» después de haber presentado las Ordenanzas Fiscales «con un escenario presupuestario que no es el actual». «Y en esta situación están todos los ayuntamientos de España; es un escenario de incertidumbre en el peor momento posible», lamentó ayer la vicealcaldesa de la capital BegoñaVillacís, que considera que «Sánchez se tiene que volver a sentar con los ayuntamientos, con la oposición en el Congreso, no solo con los que le sustentan, sino con todos» para abordar una solución y poner fin a este «mar de dudas».

«Hay que analizar el impacto real de la sentencia, qué es lo que propone el Gobierno, que no se ha distinguido por ser muy sensible a los ayuntamientos», censuró. Desde el PP recuerdan, además, que ya en marzo de 2018 el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición para reformar los vacíos legales de la Ley de Haciendas Locales en lo relativo al impuesto de la plusvalía, pero no llegó a prosperar. Desde entonces, insisten, «la falta de iniciativa del Gobierno de Sánchez no solo no ha resuelto la situación, sino que ha permitido que se agravase, al dictarse otras sentencias que incorporan nuevas dudas respecto a cuándo debe entenderse que el impuesto es confiscatorio».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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