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Opinión

Garantía para crear empleo

Los datos de empleo de 2021 son objetivamente buenos y demuestran que la crispación propia de la refriega política y el esfuerzo de recuperación de la actividad empresarial en España discurren por caminos separados. El año 2021 ha concluido con un alza del empleo del 4 por ciento, la mayor en dieciséis años, y ya crece casi al doble de lo que lo hace nuestra economía, a un raquítico 2,6. A su vez, el paro se sitúa en el nivel más bajo desde 2007, con casi 3.200.000 desempleados, y la afiliación a la Seguridad Social, rozando ya los veinte millones de personas, representa el nivel más alto de toda la serie histórica. Podrá discutirse si se trata principalmente de empleo precario, estacional y de carácter temporal en el sector servicios -apenas el 10 por ciento de los contratos son indefinidos-, y que sigue habiendo cerca de 200.000 trabajadores inmersos en ERTE. Pero eso no desvirtúa una estadística sólida que viene a confirmar que la reforma laboral de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy dio resultado, y lo sigue dando incluso en plena sexta ola de la pandemia. Además, la mayoría de los 776.478 puestos de trabajo creados durante el año pasado pertenecen a autónomos y pymes, de modo que ya no es solo el empleo público el que jalona la reactivación laboral.

Si la reforma de 2012 sigue dando frutos, y la actual contrarreforma que plantea el Gobierno no solo no es una derogación de aquella norma, sino que mantiene en la práctica más del 80 por ciento de la regulación del PP, habrá que concluir que el acuerdo cerrado entre Ejecutivo, sindicatos y CEOE con el aval de Bruselas puede no resultar necesario, pero tampoco es contraproducente. Proteger la reforma de 2012 y su acreditada capacidad para crear empleo pasa por admitir que la nueva normativa también será útil. No es lo más óptimo para muchos empresarios, pero tampoco es el apocalipsis laboral que proponían en sus programas el PSOE y Podemos.

Cuestión distinta es la evolución que pueda tener en las próximas semanas la negociación parlamentaria del Gobierno con sus socios ERC y Bildu, frontalmente opuestos. En el peor de los casos, y si Moncloa fracasa en la convalidación del decreto, quedará en vigor la reforma que en su día promovió el PP, lo cual sería una grata noticia. Lo que no debería hacer en ningún caso Sánchez es renunciar a lo pactado con los sindicatos y la CEOE para satisfacer a ERC, PNV y Bildu. De cualquier modo, haría bien el Gobierno en aclararse. La ministra de Hacienda sostiene que La Moncloa está abierta a tramitar la norma como proyecto de ley para adaptarlo a exigencias del independentismo, pero ayer fue desautorizada por el ministro de Presidencia, quien incidió en que no se tocará ni una letra. Enmendar ahora el contenido del acuerdo cediendo al chantaje para evitar un fracaso por el hecho de que le falten votos sería un error de Sánchez que Bruselas no admitiría. En lo estrictamente político, no es fácil su disyuntiva.

Tampoco lo es la disyuntiva del PP, que se ha situado en una posición complicada de defender. Si se mantiene el grueso de su reforma de 2012 y no hay derogación de ningún tipo, su oposición frontal no tiene sentido. Es lógico el tacticismo de Génova para no facilitar a Sánchez una victoria que solo termine dando réditos al PSOE, y es natural que además Pablo Casado tema perder votos ante Vox. Pero lo que no tiene lógica es permitir, aunque sea indirectamente, que ERC y Bildu tumben una reforma útil y aceptada con cesiones tanto por empresarios como por sindicatos. Cuestión de coherencia.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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