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Opinión

Los 377 que faltan

El tiempo pasa de forma inexorable y hace más difícil cada año el esclarecimiento de los 377 asesinatos cometidos por ETA aún sin juzgar. En España, no prescriben los asesinatos terroristas cometidos desde 2010. Los anteriores, sí, a los treinta años de su comisión. El goteo de impunidades es constante y se produce ante la impotencia de sus víctimas y de las asociaciones de víctimas. Es cierto que la ley no hace milagros, no produce las pruebas que faltan, ni pone nombre a los autores de crímenes todavía anónimos. También es cierto que las víctimas no desfallecen y que cuentan con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para buscar el más mínimo indicio que permita reabrir un caso, procesar al autor y sentarlo en el banquillo de los acusados. Pero no es solo un problema de los policías, los fiscales y los jueces, ni una tragedia emocional que solo afecta a las víctimas. La impunidad de cientos de asesinatos es también un problema para España, como Estado de derecho y como democracia que está, ahora mismo, día tras día, viendo acercamientos y excarcelaciones de asesinos terroristas que no han pedido un perdón de verdad a las víctimas y que no han colaborado en lo más mínimo con la Audiencia Nacional para arrojar luz sobre crímenes impunes.

La historia de ETA no ha acabado, ni acabará si quedan cientos de asesinatos sin esclarecer, mientras, al mismo tiempo, su brazo político se jacta por las calles del apoyo a los asesinos con bienvenidas -‘ongi etorri’- insultantes para las víctimas. Esta situación es el reflejo de una profunda distorsión moral, pero también de una cadena de decisiones políticas que han desembocado en el desaliento de las víctimas y la arrogancia de los verdugos. Nada está pasando por un fatalismo azaroso, sino porque se ha hecho lo posible para que pase. Es cierto que, por principio, siempre cabe la posibilidad de que un crimen quede impune. Pasa en muchas ocasiones. Pero los 377 muertos sin justicia no están dispersos en la historia del crimen, sino concentrados en las manos de los etarras, que hoy celebran excarcelaciones y recibimientos con pasacalles y fiestas.

No es admisible quedarse con los brazos cruzados mientras se archivan sumarios por prescripción y los criminales se aprestan a salir de sus madrigueras a sabiendas de su impunidad. También estas víctimas merecen integrarse en la ‘memoria democrática’ de España con pleno derecho a la justicia, la reparación y la verdad. Una de las mayores quiebras en la convivencia pública en España se produjo cuando la izquierda decidió que las víctimas de ETA empezaban a ser incómodas para tejer alianzas con el separatismo, incluido el proetarra. Desde entonces, hasta ahora, el desafecto de los gobiernos socialistas hacia las víctimas no ha hecho más que aumentar.

El mismo empeño que el Gobierno de Sánchez pone en deshacer condenas de los tribunales franquistas, en crear una Fiscalía de Sala para la ‘memoria democrática’, en remover el pasado para hacer justicia, debería ponerlo en evitar la impunidad de crímenes etarras aún vivos, no prescritos, ni amnistiados, con sus víctimas perfectamente localizadas y con terroristas que, pese a callar lo que saben, reciben el premio de la excarcelación o el acercamiento. Las víctimas no piden imposibles jurídicos. Nunca lo han hecho. Siempre se han acogido a la ley, a la justicia, al Estado de derecho. Por eso merecen un esfuerzo añadido por parte de las instituciones públicas para que, aunque no consigan el castigo penal de los verdugos, la historia pueda poner sus nombres y apellidos en la lista de la infamia.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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