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Opinión

El falso mito de la derogación

El Partido Socialista y su socio de gobierno, Unidas Podemos, parecen haber alcanzado un acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, llamada por la izquierda ‘ley mordaza’. Desde su aprobación, esta ley fue objeto de un continuo ataque por parte de la izquierda y de los nacionalismos, algo coherente con su hegemonía en la violencia callejera y en las agresiones a la Policía. Más difícil de entender es el empeño de los socialistas en secundar este guion antisistema de los extremistas con los que se ha asociado. La seguridad ciudadana es una responsabilidad esencial del Estado para garantizar el ejercicio pacífico de los derechos y las libertades establecidas en la Constitución. El texto de 2015 recogió todas las exigencias del Tribunal Constitucional, quien avaló en lo fundamental esta ley en noviembre de 2020, incluyendo las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes ilegales, que quedaría fuera del proyecto del Gobierno. Por tanto, la reforma pactada por socialistas y comunistas no responde a una necesidad constitucional, sino a su fobia contra las leyes del Partido Popular, más aún si han dado buen resultado.

Las líneas maestras de la reforma apuntan a unas modificaciones que, pese a tanta palabrería de socialistas y comunistas, solo maquillarían algunos artículos para poder decir que han puesto fin a la ‘ley mordaza’. Sin embargo, hay una evidente intención política. El acuerdo de PSOE y Unidas Podemos busca debilitar la capacidad operativa de la Policía, justo en un período en el que las agresiones a los cuerpos policiales son cotidianas, con ocasión de botellones o de concentraciones nocturnas de jóvenes. Además, para Unidas Podemos tiene un punto de ajuste de cuentas, después de que dirigentes suyos como Isabel Serra o Alberto Rodríguez hayan sido condenados en firme por insultar y agredir a policías. Olvidan los podemitas que estas condenas fueron el resultado de aplicar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La idea misma de seguridad ciudadana es repelente para la izquierda comunista o el separatismo, cuyo concepto de acción política se entiende mejor en un contenedor en llamas o un cóctel molotov que en el respeto a las instituciones de la democracia parlamentaria. Por eso sus dirigentes ven siempre en la mera aplicación de la ley una conspiración de los jueces y los policías que se limitan a cumplir con sus funciones cuando investigan, denuncian y juzgan a sus dirigentes. Es lo que les pasa a los partidos que presentan una preocupante tendencia a incumplir las leyes.

En lo que también hay una clara intencionalidad política es en la modificación del documento nacional de identidad (DNI), cuyo objetivo es ampliar el catálogo de cesiones al nacionalismo. Ya hoy se ha dado cabida en el DNI a las lenguas cooficiales, pero en la idea de reflejar el «Estado plurilingüe español» y de ‘desespañolizar’ hasta los documentos oficiales nunca nada de lo que haga el Gobierno va a ser suficiente. El separatismo es inflexible, y todo lo que contribuya a desnaturalizar más aún el concepto de ciudadanía española siempre será poco. El conjunto de España tiene un solo idioma oficial, el castellano, y la identificación política del ciudadano español tiene esa única referencia lingüística. Las lenguas cooficiales lo son en cada comunidad autónoma, pero no fuera de ellas, por lo que no tiene sentido que un documento expedido por el Estado para identificar a ciudadanos españoles, y que puede ser requerido en el extranjero, se expida en lenguas cooficiales.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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