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Opinión

¿De qué utilidad pública hablan?

El intercambio de flores políticas entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras es una farsa entre dos oportunistas sin escrúpulos acostumbrados a faltar a la verdad sobre sus intenciones reales. La palabra de uno y otro carece de valor y sobre ella no se puede construir ninguna previsión. Al menos, ninguna previsión positiva. España tiene secuestrado su futuro por dos políticos sin el menor sentido de Estado. Sin embargo, ambos están siendo coherentes con el curso de esta legislatura y con los hechos concretos que han jalonado la relación del Gobierno con un partido golpista como Esquerra Republicana de Cataluña. Sánchez, más que un político generoso, es un estómago agradecido porque debe mucho a ERC en el Congreso de los Diputados, y no solo su investidura ya que los republicanos han evitado hasta treinta comparecencias de Sánchez ante la Cámara Baja y siete comisiones de investigación sobre cuestiones incómodas para el PSOE y su Ejecutivo. Todo esto ha sucedido mientras Oriol Junqueras y el resto de condenados por sedición permanecían en la cárcel con una especie de cogobierno en la sombra.

Por eso, Junqueras y los demás condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya están indultados de facto por el Gobierno. Llevan indultados desde que Sánchez llegó a La Moncloa, lo que sucede es que hasta ahora se trataba de un indulto político consistente en tratarlos como interlocutores legítimos de La Moncloa. A partir de ahora, y con la formalización de los indultos, Sánchez se dispone a terminar el trabajo que empezó Rodríguez Zapatero en 2003. Si este negoció con ETA para que el PSOE tuviera a la izquierda proetarra disponible y a Arnaldo Otegui como socio protegido, Sánchez unge ahora de legitimidad a Esquerra para tener a Oriol Junqueras de aliado cualificado en su proyecto para ‘desconstitucionalizar’ España. El apoyo legal que usará el Gobierno para los decretos de indulto será la «utilidad pública», según anunció ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Evidentemente, el Gobierno no puede invocar ni la justicia ni la equidad, que son los otros dos motivos que la Ley de Indulto de 1870 prevé para la concesión de esta medida de gracia. Esta ley también utiliza la expresión «conveniencia pública», que se aproxima mucho más a la intención real de Sánchez, que no es poner a la firma de Su Majestad el Rey un indulto, sino un pacto de legislatura entre el PSOE y un partido golpista cuyos principales dirigentes son unos delincuentes con sentencia firme.

Estos indultos no tienen nada que ver con razones de justicia, equidad o utilidad pública porque es precisamente lo público lo que va a quedar arruinado por un perdón que Junqueras y los demás no merecen ni han pedido. Sánchez está perpetrando un sabotaje contra el Estado democrático llamando «generosidad» a una arbitrariedad, y tildando de «normalidad» a una deslealtad. Es un sabotaje a la autoridad constitucional del Rey, como símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Es un sabotaje a la independencia del Tribunal Supremo porque su sentencia va a quedar reducida a letra muerta, más aún después de un informe que negaba punto por punto cualquier razón para conceder el indulto. Es un sabotaje a los ciudadanos constitucionalistas de Cataluña, enajenados de cualquier esperanza en el trueque de poder por indultos previsto por Sánchez. Y es, en definitiva, un sabotaje a la Constitución. Sánchez ha elegido. Su elección no es España, ni la cohesión territorial, ni la vigencia de la Constitución. Su elección es el poder a cualquier precio. Esa es la única «utilidad pública» de la que habla Campo.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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