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Opinión

‘Memoria’ chapucera y peligrosa

Las críticas al proyecto de ley de Memoria Democrática no eran fruto de la fijación de sectores conservadores, ni de nostálgicos del franquismo, como solía difamar el aparato de propaganda de La Moncloa. Un informe de un órgano dependiente del Ministerio de la Presidencia recopiló más de cien errores y objeciones al texto apadrinado por la exvicepresidenta Carmen Calvo. Este reconocimiento de ineptitud técnica no hace que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros sea mucho mejor que los borradores previos, pero demuestra la impericia con la que se maneja el Gobierno en asuntos que el propio presidente Sánchez considera esenciales de su agenda política. La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa realizó observaciones de diversa entidad al anteproyecto, algunas relativas al estilo puramente literario -no poco importante- y otras a cuestiones de fondo. Entre estas el informe destaca los problemas en la determinación del censo de víctimas, de personas desaparecidas y hasta del concepto mismo de ‘Guerra Civil’. El documento también es crítico con el tratamiento que se daba a los exiliados, por no concretar el motivo del exilio, y alerta sobre las consecuencias patrimoniales que pueden causar al Estado la nulidad masiva de sentencias dictadas durante la dictadura.

Hay que unir estas críticas a las del Consejo General del Poder Judicial, que alertaba de las amenazas a la libertad de expresión contenidas en el anteproyecto, y a la fractura del Consejo Fiscal, que apoyó el texto de Carmen Calvo gracias al voto de Dolores Delgado, como fiscal general, quien debió abstenerse por interés personal en favorecer al Gobierno del que fue ministra de Justicia. No es, por tanto, un proyecto de ley pacífico en sus objetivos ni en sus medios, pero, además, todo apunta a que será una mala ley, en términos puramente técnicos, porque persigue efectos políticos y no jurídicos. Es un proyecto normativo que pretende declarar la ilegalidad de un régimen político, el del franquismo, objetivo impropio de una ley, porque el pasado no se cambia por mandato legislativo. Por eso, nunca será una buena norma jurídica, porque su objetivo solo puede alcanzarse con conceptos abstractos, declaraciones políticas disfrazadas de preceptos legales y transgresiones de la seguridad jurídica.

Lo que hay que temer es qué será lo siguiente, porque este artefacto seudolegal preparado por el Gobierno no va a dignificar la democracia, ni mejorar la convivencia, objetivos que sí se logran defendiendo la Constitución y las leyes vigentes. Tras la declaración de ilegalidad del franquismo vendrá el intento de derogar la ley de amnistía y declarar la ilegitimidad de la Transición y poner en solfa la Constitución de 1978. Las intenciones políticas del proyecto de Memoria Democrática discurren por un camino convergente con el de los pactos del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña y Unidas Podemos. Representan una acumulación de fuerzas contra el orden constitucional de 1978 y la monarquía parlamentaria. No hace falta una derogación expresa de uno y otra, porque no hay mayoría parlamentaria para acordarla, pero la izquierda y los separatismos se conforman con ir creando una legislación alternativa que se ubique en los límites difusos de la Constitución, algo a tener muy en cuenta por el PP a la hora de renovar los órganos constitucionales del Estado de derecho. Cuando la sociedad española se quiera dar cuenta, verá que España, gobernada por esta coalición de izquierda extrema y separatismos disolventes, habrá empezado a ser una democracia autoritaria, de esas a las que Bruselas pone en cuarentena.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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