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Opinión

El precio de la extorsión

El Gobierno consumó ayer la cesión al Ejecutivo vasco de la capacidad para gestionar las prisiones de esa comunidad, de manera que lo que había sido hasta ahora una competencia exclusiva del Estado que solo Cataluña ejercía de modo independiente, pasa a ser el ejemplo más palmario de otra sumisión al chantaje del nacionalismo. Más de tres décadas llevaban los distintos gobiernos del PNV exigiendo a La Moncloa el control de las prisiones vascas como instrumento para impedir la política de dispersión de reclusos etarras y, sobre todo, para administrar a capricho la concesión de permisos, beneficios penitenciarios y excarcelaciones. Poco importaba al nacionalismo vasco que hubiese una estrategia nacional contra una banda criminal porque siempre le movió solo su interés electoral. Hoy ya lo ha conseguido, y a partir de octubre la ‘lendakaritza’ podrá decidir en exclusiva sobre la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Vizcaya), Zaballa (Álava) y Martutene (Guipúzcoa) y, por supuesto, sobre la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas de los presos.

La claudicación del Gobierno de Pedro Sánchez transmite un mensaje muy negativo. Es cierto que ETA ya no mata, pero también lo es que Moncloa lleva meses con un incesante goteo de traslados de asesinos a sus lugares de origen, despreciando así la memoria de las víctimas. El argumento humanitario es falso. Podría ser comprensible en supuestos puntuales de terroristas enfermos o en situación terminal acreditada. Pero cuando los acercamientos de presos son masivos, no es humanidad. Es sumisión. Y todo ello, con más de 300 crímenes aún sin resolver en la Audiencia Nacional, con los herederos de ETA en las instituciones por decisión de un Gobierno socialista que llamó a Arnaldo Otegui «hombre de paz», y sin que se haya resarcido siquiera moralmente a las víctimas con una condena expresa del terrorismo por parte de todos los asesinos trasladados. Más aún, los homenajes a etarras excarcelados siguen siendo un escarnio para las víctimas ante el que el Gobierno y la Fiscalía hacen la vista gorda. Por eso la democracia sigue teniendo una cuenta pendiente con ellas, diga Pedro Sánchez lo que diga. Recordar cada crimen sí debería ser un obligado ejercicio de memoria democrática, y no la utilización indigna de la historia que hace la izquierda para blanquear a terroristas orgullosos de serlo, o permitir excarcelaciones hirientes como si hubiesen cumplido ya su deuda con la sociedad.

Este es además el precio político que tiene que pagar Sánchez al PNV por haber apoyado la moción de censura contra Mariano Rajoy. Incluso, si solo fuese la factura de un favor político para ser investido presidente del Gobierno, tendría su lógica, aun siendo inmoral, porque a Sánchez le valía todo con tal de acceder al poder. Lo grave es que el PSOE comparte este tipo de decisiones que restringen la exclusividad del Estado en la política penitenciaria. Por eso la pone en manos de un partido que siempre estuvo más cerca de los culpables que de los inocentes, más cerca de los verdugos que de las víctimas, y que aún hoy sigue considerando la secuela del terrorismo como un instrumento político. El PNV quiere utilizar la gestión penitenciaria para modularla en función de sus intereses. Y no, no es cierto que la democracia salde una deuda, como dijo ayer sin ruborizarse el ministro Miquel Iceta. Se consuma la humillación ante una extorsión, que es algo muy distinto.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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