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Opinión

Un juez previsible

En un sistema democrático que se asienta en libertades como las de información, opinión y expresión ha de ser compatible el respeto a la independencia de los jueces con la valoración crítica de conductas judiciales, más aún si estas siguen un patrón definible desde el punto de vista político. La opinión pública es algo más que el criterio general de los ciudadanos sobre un hecho de relevancia social. Es un principio de la democracia misma, como mecanismo de control sobre los poderes que ejerce el Estado, y el judicial es uno de ellos. Es evidente que una crítica desproporcionada, insultante o insidiosa sobre la labor jurisdiccional de un juez no se corresponde con el marco de garantías constitucionales a las libertades de los medios de comunicación, pero mientras estos límites no se superen, esa crítica no solo es legítima, sino también necesaria. Además, el respeto a la independencia judicial ha de ser una norma de conducta exigible a todos, también a los propios jueces, para que sus decisiones no estén sometidas al prejuicio ideológico o de cualquier otro signo.

Por eso es legítimo decir que el problema del magistrado José Ricardo de Prada es que se ha convertido en un juez previsible. De antemano se sabe no tanto lo que va a decidir, sino lo que va a decir. En función de cuál sea el objeto de su juicio, cualquier observador habitual de la Audiencia Nacional podría adivinar las valoraciones del juez De Prada. Si de él depende juzgar al Partido Popular, revisar actuaciones policiales o aplicar doctrinas que beneficien a etarras, De Prada acude puntual -posiblemente por pura coincidencia- a la cita con las expectativas que la izquierda política deposita en sus consideraciones, expuestas, eso sí, con brillante literatura jurídica, porque es un buen jurista. Prejuicioso, pero un buen jurista.

La tendencia deja rastro. La tendencia del juez De Prada es la polémica siempre con una misma orientación. Cuando formó parte del tribunal del caso Gürtel, la incógnita principal no versaba sobre la suerte de los acusados, sino de qué manera José Ricardo de Prada haría un auto de fe al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy. Una sencilla frase sobre la caja B del PP, que no era objeto del juicio, desencadenó la moción de censura contra Rajoy. Que luego De Prada explicara esa referencia en la entrevista a un medio de comunicación es un dato a tener en cuenta. Mala cosa que un juez explique su decisión en un periódico.

De Prada mantiene una constante sombra de duda sobre las detenciones policiales a terroristas, como escenario propicio de torturas. Esta opinión no es solo del juez De Prada, pero sí son suyos los prejuicios contra la Policía española presentes en sus sentencias, como la que ha absuelto al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’. A este terrorista, De Prada ha aplicado la ‘doctrina Atristain’, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como si fuera un dogma inamovible. Y no lo será tanto, porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha mandado a Atristain de nuevo a prisión. Lo que para De Prada era poco menos que una amnistía con sello del TECH, para el Supremo es una valoración de los jueces europeos compatible con la condena impuesta a Atristain. Y, ahora, al formar parte del tribunal que revisa la situación penitenciaria de los etarras, De Prada se ha estrenado al gusto de la ‘reconciliación’ que promueve el Gobierno con el mundo de ETA. Ya no hace falta la petición de perdón expresa y clara del terrorista a sus víctimas. Bastó un lamento genérico por el daño causado y el etarra Gorka Lorna, a la calle. Se queja De Prada, pero se lo gana a pulso.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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