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Opinión

Golpe a la transición

La treintena de enmiendas que el PSOE, Unidas Podemos y ERC han pactado para convertir la ‘ley de memoria democrática’ en una norma guerracivilista no es solo la coartada ideológica para reanimar a sus electorados. Va mucho más allá. Las enmiendas son un despropósito jurídico con el único objetivo de enfrentar a los españoles, llevando la crispación ideológica hasta sus últimas consecuencias. La pretensión última es abrir juicios penales en la tercera década del siglo XXI por conductas cometidas durante el franquismo y durante la Transición, dando por derogada de facto la amnistía que se produjo en 1977. Se trata de volver a abrir heridas, por puro ventajismo, que ya suturaron de forma generosa cuando se aprobó la Constitución y los españoles se conjuraron más con su futuro y la democracia que con su pasado. Nuestra Constitución no regula amnistías como la de 1977 y, salvo en la ensoñación ideológica de la izquierda, tampoco resulta creíble fabricar hoy efectos jurídicos sobre ella. Y menos aún, de forma selectiva para juzgar a cargos del franquismo aún vivos, y no hacerlo por supuesto con terroristas que sí fueron amnistiados, por ejemplo.

La izquierda pretende dar un salto cualitativo en la historia con una ley ‘ad hoc’, expresamente ideada -algo ilegal- para criminalizar a personas a quienes la democracia y la historia perdonaron cualquier conducta lesiva. Aspirar a imponer en España una imprescriptibilidad de sus delitos ‘a posteriori’ no es precisamente lo que PSOE, Podemos y ERC pretenden hacer pasar como una previsión de la legislación internacional. Todo responde a una manipulación obscena de la legalidad. Es un delirio que va más allá del permanente afán por maquillar la historia, blanquear lo más oscuro de la izquierda republicana, o utilizar al franquismo como elemento de agitación electoral. En realidad se trata de asestar el golpe definitivo a la Transición para dibujarla como una etapa vergonzante de nuestra historia -papel de la Monarquía incluido-, que debe ser rectificada cuatro décadas después. Es obsceno. Pedro Sánchez, junto a Podemos y a ERC, no solo pretende crear cortinas de humo para desviar la atención de su desgaste o de su culpa en la crisis económica. No es solo eso. Pretenden demoler el muro de carga de un exitoso sistema de libertades y de un modelo ejemplar de superación de odios cainitas. No es solo electoralismo. Es rencor real. Y lo más paradójico es que sea precisamente un comunista, secretario de Estado de Agenda 2030, quien presente semejante bodrio jurídico como un oasis de la reconciliación, sometiéndola a una agenda revanchista anclada en 1930.

Esta reforma excede con mucho el simbolismo sobreactuado con el que la izquierda ha venido interpretando la ‘memoria histórica’. Para edulcorar su sectarismo, hasta han manipulado el lenguaje, llamándola ‘memoria democrática’, para que solo ellos sean dueños de la democracia. Que partidos como ERC o Podemos presuman de eso no deja de ser un sarcasmo, lo mismo que el PSOE en las etapas negras de su historia. No hay memoria democrática para partidos que ensalzan dictaduras comunistas, crímenes de Estado, torturas y persecuciones. Para ellos, esos delitos solo existen si provienen del franquismo en España. En el resto del mundo, eso es libertad. Cosas del pensamiento único y de quienes aún ven en ETA un ‘movimiento’ libertador del pueblo vasco. El pasmoso impulso de Sánchez a esta operación causa sonrojo. Es la semilla de un nuevo régimen a través de un gota a gota incesante con el que la izquierda pretende abrir un nuevo periodo constituyente: derogando de facto la Constitución, fulminando a la Monarquía, despreciando la libertad de ideas, y cultivando una venganza falsamente historicista.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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