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Ahora, a por el TC

El Estado de Derecho en España se aproxima a un escenario de mutilación de instrumentos jurídicos para su defensa frente al separatismo. Se trata de un auténtico butrón al Estado, que está cometiendo, además, el propio Gobierno con la coautoría de su mayoría parlamentaria. A los indultos a los condenados por el 1-O que se concederán en los próximos días, el Gobierno sumará el recorte retroactivo de las penas por el delito de sedición. Así cerrará el círculo interno contra la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictada tras un proceso ejemplar e intachable. Pero para el Gobierno esto no será suficiente, porque el propio Pedro Sánchez está impulsando la desactivación de la sentencia desde Europa. Su discurso contra la desproporción -según él- de las penas por sedición está nutriendo los recursos de los condenados por el 1-O ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y animando al ignorante del socialista letón que va a informar contra España en la Asamblea del Consejo de Europa. Sánchez lo quiere todo para socios separatistas: el indulto en La Moncloa y la amnistía en Estrasburgo. Porque algo parecido a una amnistía es lo que se producirá si el Tribunal europeo estima los recursos contra las condenas. Quedará pendiente cómo librar a Puigdemont de su procesamiento en España, porque todavía está sometido a una orden española de detención. Pero algo hará Sánchez para que el prófugo vuelva a España sin riesgo de ser detenido. Entre socios, la cortesía es un deber.

Falta un pilar por tocar: el Tribunal Constitucional. También está cerca su turno, porque el PSOE ha reactivado en la Comisión Constitucional la proposición del PNV para desarbolar al TC de sus más fuertes potestades contra los asaltos separatistas. La reforma propone suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos estatutarios y la actual capacidad del TC para velar por la ejecución de sus sentencias, que llega incluso a la suspensión en sus cargos de los funcionarios sediciosos o desobedientes. Se trata de maniatar al TC para que el incumplimiento de sus sentencias apenas tenga consecuencias prácticas y así puedan los nacionalistas seguir montando nuevos ‘planes Ibarretxe’ o nuevas declaraciones unilaterales de independencia. No sería extraño que esta ofensiva contra el Estado de derecho acabe prohibiendo la impugnación de Estatutos aprobados por referendo, lo que supondría el fin de la primacía de la Constitución y de la unidad de la soberanía nacional, cuyo único titular es el pueblo español.

Con Sánchez en La Moncloa nada que perjudique al Estado es inverosímil. Lo que ya está haciendo con sus discursos sobre los indultos y la desproporción de las penas del delito de sedición es un acto de deslealtad incapacitante para el cargo que ostenta. Hasta que llegó Sánchez, era muy difícil imaginar a un presidente de gobierno haciendo campaña activa a favor de unos sediciosos separatistas, que buscan arruinar el pacto constituyente de 1978. El lenguaje viscoso de la ‘normalización’ y el ‘reencuentro’ con el que Moncloa legitima los indultos es una trampa para incautos y una coartada para cómplices. Sin dramatismos y sin exageraciones hay que decir que Sánchez está llevando a España al límite de su existencia como Estado de derecho, está rompiendo sus fundamentos como lo haría el gobierno autoritario de una democracia sometida a libertad vigilada. A Sánchez le compensa esta deriva antidemocrática de su Gobierno, porque suma los votos de aquellos que en Europa estarían ilegalizados o marginados o encarcelados sin indultos.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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