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Opinión

Presupuestos y coacciones

El Gobierno inició ayer las conversaciones con los distintos grupos políticos para tratar de pactar los presupuestos generales del Estado de 2022. Con el PP, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunió casi a título de inventario y por mera estética parlamentaria porque, como publicó ayer ABC, el Ejecutivo ni siquiera ha tenido la cortesía de remitir al partido de Pablo Casado ni un solo documento. Ni quiere negociar absolutamente nada con el PP, ni Génova respaldará los presupuestos de Pedro Sánchez. Así que por esa vía todo fue pura retórica. Sin embargo, sí fue relevante la reunión que mantuvo Bolaños con Gabriel Rufián, ya que la única obsesión de Sánchez es que ni ERC ni el PNV presenten una enmienda a la totalidad de los presupuestos para, al menos, poder iniciar la tramitación de la ley, y luego debatir con ellos enmiendas parciales a través de cesiones de corte soberanista.

Emerge de nuevo el eterno paripé negociador entre partidos de la izquierda mediante un cortejo político que suena a repetición y, desde luego, a la puesta a punto de un nuevo chantaje de los partidos nacionalistas e independentistas contra el Estado, incluido Bildu. En estos momentos, y tras la afinidad demostrada por Sánchez y Pere Aragonès en la ‘mesa de diálogo’, nada hace pensar que ERC vaya a frustrar la legislatura a Sánchez, y la negociación terminará siendo una mezcla de teatro político y claudicación. No obstante, hay en el PSOE quien no olvida que en 2019, durante la primera legislatura de Sánchez tras la moción de censura, ERC decidió no respaldar los presupuestos y forzó las elecciones. De hecho, ya advirtió ayer Gabriel Rufián de que el Ejecutivo tendrá que «sudar» para aprobar las cuentas públicas.

La segunda derivada de esta negociación atañe a un cariz más político que económico con ERC. Esquerra da por descontado un trato financiero privilegiado para Cataluña en detrimento de las demás autonomías. Por eso su esfuerzo se basará ahora en imponer a Sánchez una agenda que pase por el reconocimiento del catalán en Europa o una aplicación de la ley de ‘memoria democrática’ a la medida de la Generalitat. Por ejemplo, transfiriendo, o haciendo desaparecer la comisaría de Policía de la Vía Laietana de Barcelona, a la que ERC considera un símbolo de la represión franquista. Al margen queda la financiación, donde Cataluña exige un trato preferente del que ayer alertaron juntos los presidentes de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, uno del PP y otro del PSOE, en una alianza de intereses contra cualquier agravio que les perjudique. «No hay igualdad ante los españoles, y eso hay que corregirlo», concluyeron Juan Manuel Moreno y Ximo Puig, conscientes de que ERC y el PNV van a pasar el platillo durante la negociación.

Existe también una confusión generalizada en torno a la trascendencia de estos presupuestos. Desde una perspectiva política, Sánchez se ha empecinado en asegurar que si fracasase y no hubiese nuevos presupuestos, podría prorrogarlos ‘sine die’ y concluir la legislatura para no tener que adelantar elecciones. Técnicamente, puede ser así. Pero la variable económica altera seriamente el panorama: sin unas nuevas cuentas públicas, sin una reforma laboral, o sin un pacto realista sobre las pensiones, España difícilmente podrá recibir los 75.000 millones de euros comprometidos por Europa. El plan de Sánchez sí tiene fisuras, y ERC y el PNV lo saben. Los presupuestos ya no son así un arma con el que el PSOE pueda manejar a la oposición a capricho con la sartén por el mango, sino la herramienta de sus socios para una nueva remesa de coacciones con las que sacar tajada.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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