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Opinión

Una contrarreforma aceptable

Las cesiones que durante las últimas semanas han hecho Gobierno y sindicatos por un lado, y la patronal CEOE por otro, alumbraron este jueves el anuncio de un acuerdo, con vocación de confirmación en los próximos días, sobre la reforma laboral, que modificará algunos aspectos de la que en 2012 aprobó el Ejecutivo del PP pero que mantiene su esencia. En ningún caso se trata de la «derogación» que textualmente prometieron el PSOE y Podemos tanto en sus programas electorales como en su pacto de coalición. Tal derogación era materialmente imposible, y es evidente que se trataba de un mantra propio de la izquierda para cultivar un relato falso con el único objetivo de mantener esperanzada y contenta a su propia parroquia ideológica. Pero objetivamente, las empresas seguirán disponiendo de un amplio margen de flexibilidad para el control de las condiciones laborales, los salarios, las contrataciones y los despidos, y desde esa perspectiva se entiende que la CEOE asuma el acuerdo con el Gobierno como un mal menor.

El consenso era indispensable por dos motivos. Primero, porque si se hubiese roto la cuerda de la negociación, el Gobierno habría incumplido su palabra ante la Comisión Europea, que en realidad es quien ha fijado los límites de esta negociación con exigencias irrenunciables si España no quería exponerse a ser penalizada en la recepción de ayudas en 2022. Y segundo, porque una parte y otra habrían enviado una pésima señal a millones de españoles sometidos a los vaivenes de este periodo inflacionista, que ya apunta a no ser coyuntural. El acuerdo es en definitiva una buena noticia. En realidad, aquí manda Europa, y tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz lo saben por encima de sus enormes capas de demagogia. No tardarán en decir públicamente que han derogado la reforma del PP, pero ambos saben fehacientemente que no es cierto.

Sin embargo, en lo que este jueves las partes denominaron un incipiente ‘acuerdo de mínimos’ sí se modifican aspectos sustanciales de aquella legislación, aceptados a regañadientes por la CEOE, pero también por los sindicatos. Por un lado se mantienen las exoneraciones de cotizaciones sociales para las empresas en los futuros ERTE a cambio de un compromiso expreso para no despedir a trabajadores. Los convenios de las empresas conservarán su prevalencia sobre los del sector laboral correspondiente, excepto en lo que atañe a los salarios. Y en tercer lugar, es relevante que se restaurará la llamada ‘ultraactividad plena’ respecto a lo que ocurría desde 2012. De este modo, los convenios colectivos podrán prorrogarse indefinidamente hasta que puedan ser sustituidos por otros nuevos. Antes, solo podían prorrogarse durante un año. Otra clave está en el cerco sobre la temporalidad. Se acepta como norma general el contrato indefinido, pero en aquellos casos en los que no pueda suscribirse más que uno de carácter temporal, habrá dos tipos de contratos, el formativo y el estructural, éste último en función de las circunstancias de producción de cada empresa o de criterios estacionales.

Cabe debatir si esta contrarreforma era necesaria, pero mucho peor era que la negociación fracasase. Organizaciones empresariales como CEIM, Asaja (agricultura) o Anfac (automoción) no comparten totalmente el criterio de la CEOE, y es cierto que sigue habiendo una brecha entre los empresarios. Pero desde luego el acuerdo no avala la soberbia verborreica con que el PSOE y Podemos presumieron de fulminar la reforma laboral. Se han impuesto la lógica y el realismo frente a la jactancia de una izquierda mitinera y sobreactuada.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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