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La soberbia de la Moncloa

La pretensión del Gobierno de modificar el artículo 49 de la Constitución para cambiar el término ‘disminuido’ por el de ‘persona con discapacidad’, entre otras modificaciones, tampoco parece ocasión suficiente para prestar atención al Consejo de Estado. Este órgano consultivo ha emitido un informe que, como era previsible, avala la modificación terminológica propuesta por el Gobierno, pero advierte de graves errores en el resto de la reforma proyectada. Las cuestiones que objeta el Consejo de Estado no son meramente formales, sino de gran importancia, porque cualquier modificación constitucional tiene un efecto expansivo como precedente para otras reformas, por otros gobiernos y por otras mayorías parlamentarias. Sin embargo, este Gobierno se caracteriza especialmente por despreciar la técnica legislativa o bien por manipularla, como sucedió con la supresión del delito de coacciones sindicales, que aprovechó para arremeter desde el BOE contra el Partido Popular.

Las observaciones que hace el Consejo de Estado se basan en un criterio de prudencia constitucional y de mesura legislativa, pero el Ejecutivo no cree en la prudencia ni en la mesura. Por el contrario, esta reforma parcial de la Constitución retrata todas las actitudes más perniciosas de un Gobierno metido a legislador constituyente. Pedro Sánchez ha visto en la revisión del artículo 49 la oportunidad para un exhibicionismo ‘progre’ a base de recargar ese precepto con mucho reconocimiento de derechos, mucha declaración de protección y mucha invocación de tratados internacionales. Pero el Consejo de Estado no avala el uso de esta reforma como una herramienta de activismo ideológico, ni como precedente para otras reformas constitucionales que solo requieran aprobación parlamentaria sin referéndum ni disolución del Parlamento. Por ejemplo, el Consejo de Estado critica la referencia a los tratados internacionales sobre discapacidad porque no es necesaria la mención de esas normas en cada artículo de la Constitución que trate materias sometidas a derecho internacional. Si se hace con la discapacidad, habría que hacerlo con todo contenido constitucional regulado por convenios internacionales. Sería absurdo.

Similar crítica se hace a la mención específica de los derechos y deberes de las personas discapacitadas, como si estas no los tuvieran reconocidos por su mera condición de ciudadanos, sin adiciones ni calificaciones. Esta asignación tan singular de derechos y deberes a un colectivo determinado rompe la homogeneidad de la Constitución en el tratamiento de la ciudadanía como condición común de los españoles, y abre la puerta a incluir en la norma suprema del Estado reconocimientos identitarios de colectivos que igualmente pueden sentirse sometidos a situaciones de discriminación. El principio de igualdad establecido por el artículo 14 de la Constitución no necesita réplicas nominativas porque el siguiente paso es la fragmentación de la ciudadanía. Y lo mismo ocurre con otras recomendaciones que el Gobierno ignora, haciendo oídos sordos a quien tiene el mandato de asesorarlo y la obligación de decirle las cosas claras, como en esta ocasión. Pero La Moncloa está instalada en la soberbia. Solo quiere palmeros.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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