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Opinión

Reconstrucción o caciquismo

Si había alguna duda sobre la arbitrariedad con que el Gobierno iba a proceder al reparto de los fondos procedentes de Bruselas, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha lanzado una nueva señal sobre los criterios, puramente políticos, cuando no sectarios, que van a guiar su distribución. Como informamos en páginas de Economía, cuatro comunidades autónomas -casualmente gobernadas por el PSOE y sus socios de legislatura- han sido las afortunadas en la tómbola organizada por Yolanda Díaz para dinamizar el mercado laboral a través del SEPE, sobra añadir que a través del «mecanismo excepcional de concesión directa» y en función de «las razones de interés público que determinan la improcedencia del concurso público». En total son nueve millones de euros, a repartir por el servicio de empleo en las cuatro regiones -Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura- que según Díaz más necesitan del aliento económico que aportan los fondos comunitarios. Las regiones gobernadas por el PP no han tardado en detectar esta cacicada, publicada en el BOE con las justificaciones más peregrinas, y en denunciar la absoluta falta de control por parte de una Conferencia Sectorial cuyos criterios han sido ignorados por quien se presenta ante la opinión pública como embajadora del diálogo y los acuerdos. Hay diálogo, pero selectivo.

Desafortunadamente, no es la primera vez que la izquierda, ahora diversificada entre la socialdemocracia en la que de manera táctica se envuelve Pedro Sánchez y el sindicalismo que enarbola Yolanda Díaz, utiliza los fondos públicos como mero fermento de los votos que luego cosecha en las elecciones, ya sea para satisfacer a ‘los más vulnerables’, cautivos de sus proyectos asistenciales; a los grupos de edad que considera más permeables a su populismo de talonario, jóvenes y pensionistas, o a los territorios en los que según sus cálculos puede lograr votos o apoyos parlamentarios. Nada sale gratis al contribuyente, y menos aún en la actual coyuntura, marcada por una recesión que aún no ha terminado, ahora prorrogada por la crisis de las cadenas internacionales de abastecimiento y el alza del precio de la energía.

No le quedan muy lejos a Yolanda Díaz los sindicatos, con los que hace piña y frente común, para conocer de primera mano cuál fue el destino de las ayudas al empleo que durante años se perdieron por el sumidero de la corrupción en Andalucía, ni queda tan lejano en el tiempo el caso, más que indiciario, del rescate de Plus Ultra durante una pandemia en la que miles de autónomos y pequeñas empresas se quedaron sin ayudas directas, a la intemperie provocada por los estados de alarma inconstitucionales que decretó el Gobierno de Sánchez. La izquierda española siempre ha sabido a quién ayudar y cómo hacerlo, siempre a costa de la recuperación económica de la nación y en beneficio propio, de forma directa o indirecta. A esta fórmula le llama ahora el Ejecutivo «recuperación justa». Las políticas de gasto, castigo fiscal e intervención del libre mercado no contribuyen a enderezar el rumbo de nuestra maltrecha economía, y tampoco el reparto sectario de unos fondos comunitarios que la UE ha comenzado a liberar para transformar el país, no para que el Gobierno, cuyos planes de reconstrucción siguen siendo alto secreto, perpetúe el caciquismo.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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