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Opinión

Regreso obligado a la ley

La crisis de los menores de Ceuta y el fracaso sin matices del último plan abordado por el Ministerio del Interior con el Ejecutivo de la ciudad autónoma han puesto de manifiesto la preocupante falta de eficacia y desorientación general de la política inmigratoria del Gobierno, atrapado en sus contradicciones doctrinales y ese buenismo sin fuste (sobre todo cuando está en la oposición) que convive de manera complicada con la cruda realidad. Ayer, Pedro Sánchez se reunió con Juan Jesús Vivas para abordar planes alternativos tras el fiasco de Grande-Marlaska, al que el presidente ha apartado del problema después de los abochornantes autos judiciales que reprochaban la trasgresión de la legalidad, así como suena, que había intentado Interior (solo o al alimón con el Gobierno ceutí) acudiendo a un acuerdo de 2007 con el Reino de Marruecos para atajar todos los requisitos que marcan varias leyes (la del Menor y la de Extranjería) para la repatriación de menores.

El despropósito jurídico que perseguía esta expulsión masiva de menores, vestida con el vergonzoso eufemismo paralegal de «retorno asistido», es impropio de un juez de carrera como Marlaska, cuya conversión en ministro le ha llevado a orillar por molestos buena parte de sus conocimientos jurídicos y procedimientos legales a los que está obligada la administración, al menos si nos atenemos a la insistente tunda que está recibiendo su gestión (Pérez de los Cobos, ‘patada en la puerta’…) cada vez que se acerca a un juzgado.

Como debió ser desde un principio, Sánchez y Vivas han concluido atenerse a la Ley de Extranjería para resolver la crisis de los menores de Ceuta, cercanos al millar. Es un acierto que Sánchez corrija la mala praxis de su ministro pero no deja de sorprender que el Gobierno se acuerde a estas alturas de que se ha de cumplir la ley y que no puede acudir a un acuerdo firmado con Marruecos hace catorce años. Este olvido de la legalidad para afrontar el problema de la inmigración irregular parece más bien un patrón de comportamiento que una excepcionalidad. Recordemos los vuelos de inmigrantes, sin ningún control del pasaje, que llegaban a Granada desde Canarias y que nadie -ni Policía, ni Cruz Roja, ni las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno- sabían cómo ni por qué. Por no hablar del desastre humanitario del muelle canario del Arguineguín, con miles de subsaharianos hacinados allí durante días, en plena pandemia, sometidos a condiciones de salubridad lamentables. O los vaivenes socialistas con las llamadas ‘devoluciones en caliente’, denostadas y denunciadas con profusión de aspavientos cuando tenían lugar durante los gobiernos del PP y justificadas y aplicadas por Marlaska desde que el PSOE volvió a La Moncloa.

El descontrol del Gobierno ante estos episodios es tan peligroso como su falta de coordinación (la parte socialista va por un lado y la podemita, por otro) y extrema pasividad, impertubable hasta que el problema se hace gigante, como ocurrió en Ceuta en mayo o en Canarias el año pasado. La demagogia con que el Ejecutivo ha tratado el asunto de la inmigración irregular es fundacional en el sanchismo, recordemos el caso del Aquarius y la enorme operación de propaganda montada para mayor gloria mediática del gabinete -por entonces sus panegiristas hablaban del ‘Gobierno bonito’- recién llegado a La Moncloa. Dos días después llegaban a Cádiz el doble de inmigrantes y ya no hubo pancartas de bienvenida ni tres ministros en el muelle. Como ahora en Ceuta, de nuevo la realidad hacía fosfatina el demagógico buenismo de un Gobierno incapaz de implicar a la UE en buscar remedio a un problema enquistado que cuesta vidas.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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