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Opinión

El indulto sí es la revancha

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha emitido un informe contrario a indultar, total o parcialmente, a los condenados por los delitos cometidos con motivo de la declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre de 2017. Los magistrados no han hecho otra cosa que argumentar por qué perdonarles es «inaceptable», y ajustarse a la competencia que les atribuye la centenaria ley reguladora de «la gracia de indulto» sin desbordar los términos de las solicitudes presentadas para el perdón de Oriol Junqueras y del resto de condenados. Por eso Pere Aragonès difama a la Sala Segunda cuando afirma que este tribunal sigue la senda represora iniciada con la sentencia de condena. Peor aún, es una difamación compartida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no ha dudado en asimilar el cumplimiento de la sentencia dictada por el Supremo a un acto de venganza o revancha. Incluso, ayer mismo la asoció también a un gesto de «concordia». Pero no solo no la quieren, sino que la desguazan. Con estas palabras, Sánchez se ha convertido en la némesis del Estado constitucional porque asume sin matices el discurso secesionista contra los fundamentos de la convivencia. Si a pesar de los argumentos esgrimidos por la Sala Segunda, el Gobierno persevera en su intención de perdonar a los condenados, la concesión de los indultos se convertirá en una prolongación del golpe separatista. El Gobierno tomará así el relevo a los secesionistas catalanes contra el propio Estado, y la concesión de los indultos será la ruptura constitucional que lleva buscando la izquierda desde hace años. A partir de ese momento, políticamente habrá acabado la legislatura.

La afirmación de que no indultar a los condenados es un acto de venganza contrario a los valores constitucionales es una declaración de autoritarismo del presidente Sánchez contra la independencia de los jueces y contra la primacía de la ley y la Constitución. Habrá indultos parciales por el mero ejercicio de la autoridad. El Estado de derecho se justifica precisamente como la superación de la venganza y de la revancha, inexistentes por definición en la sentencia dictada por un tribunal independiente, tras un proceso que hasta la meticulosa Amnistía Internacional calificó como «justo», y bajo el imperio de la ley democrática con penas proporcionales. Una ley que legítimamente «puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral», como dice el informe del Supremo.

El informe del Supremo es un ejercicio memorable de defensa del Estado, y un documento imprescindible para una opinión pública sometida al abuso de poder de un gobierno sin escrúpulos

Tras la apariencia de pacificador mesiánico, Sánchez compite con los más radicales gobernantes populistas a los que Bruselas señala como amenazas al Estado de derecho. Su apelación a la revancha como sinónimo del cumplimiento de una sentencia firme del Supremo es un acto de deslegitimación del orden constitucional. Y los que dentro del PSOE callen -Fernández Vara, Page, Díaz y demás constitucionalistas de salón, incluidos algunos ministros bienintencionados pero incapaces de apartarse de Sánchez- serán meros cómplices de esta quiebra histórica de la democracia. Es inevitable que Sánchez se sienta políticamente concernido por las atinadas valoraciones de los magistrados que firman el documento. Él es el gran promotor de los indultos contra los que se ha pronunciado el Tribunal, que lo ha hecho recordando que esta figura no es un recurso contra una condena firme, ni una especie de juicio asambleario a la decisión jurisdiccional de jueces independientes. Los magistrados han analizado las condiciones exigidas por la ley para conceder indultos y han concluido que no se cumple ni una sola, porque en los condenados no hay «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento», sino «su voluntad de reincidir en el ataque a la convivencia democrática». Incluso los magistrados se adentran en la valoración de la amnistía, de la mano del panfleto presentado por Jordi Cuixart, y recuerdan que «las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales».

El Supremo ha asumido un liderazgo institucional similar al de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, un liderazgo imprescindible para la reafirmación de la independencia judicial y la primacía de la ley como expresión de la superación de la venganza y la revancha. El informe del Supremo es un ejercicio memorable de defensa del Estado, y un documento imprescindible para una opinión pública sometida a la confusión moral provocada por un Gobierno sin escrúpulos que abusa de su poder.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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