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Opinión

Apagón europeo de Sánchez

El presidente del Gobierno ha elevado una propuesta al consejo extraordinario de ministros de Energía de la Unión Europea, reunido en Luxemburgo, con el objetivo de lograr su apoyo para que España pueda intervenir de facto los precios de la electricidad con un sistema propio de cálculo, desacoplándolo así de la legislación común. El argumento del Gobierno, cada día más acuciado por su incapacidad para contener el precio de la luz y cada día más desgastado electoralmente, es que España vive circunstancias excepcionales que aconsejan que la UE abra la mano con nuestro país y permita una auténtica intervención sobre nuestro mercado. Sin embargo, hasta nueve países, la inmensa mayoría de los que realmente tienen capacidad para decidir la entrega de los fondos de recuperación para España, se niegan en redondo. Especialmente Alemania y los Países Bajos, a los que se han sumado Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda y Letonia. Es cierta la creciente preocupación europea por el imparable incremento del precio del gas y de la electricidad. Pero de ahí a que se consienta a España convertirse en un oasis de la injerencia pura y dura para hacer populismo y evitar el deterioro de la imagen de Pedro Sánchez hay un abismo. Por ese motivo, estos países replicaron a la propuesta española con un documento conjunto en el que se niegan a desacoplar los precios de la electricidad de la normativa europea y de que se fije un precio límite del gas natural. Sánchez ya sabe que salir del sistema de precios de la UE no va a ser posible. Lo supo la pasada semana durante la cita del Consejo Europeo, y lo sabe mejor desde este martes, cuando ni siquiera la vicepresidenta Teresa Ribera acudió a Luxemburgo a defender la propuesta española y delegó la ‘negociación’ en su secretaria de Estado.

Europa lleva años lanzando el mismo mensaje. Cualquier actuación unilateral por parte de los países en cuestiones estratégicas es imposible. Cosa distinta es que Sánchez se desespere y de nuevo vaya a incumplir uno de sus muchos compromisos, el de que los españoles habrán pagado a final de este año lo mismo que en 2018. Esa meta es ya imposible. De nada han servido ni sus improvisadas medidas para rebajar el IVA y repercutir la bajada en la factura, ni el decreto aprobado semanas atrás, que ahora se está rectificando por la presión del PNV y por la lógica de la libertad de mercado. Aquel decreto que sencillamente intervenía sobre los beneficios de las eléctricas tenía todos los visos de ser inconstitucional, y además fue pésimamente visto por Europa.

La influencia que ejerce Sánchez sobre el núcleo duro europeo es cada vez menor. Y lo más grave es que en Bruselas cunde cada vez un mayor temor a que España se ‘helenice’ y convierta en una nueva Grecia en la que el populismo político y económico arrastre al país a un rescate. A la izquierda ya no le renta arremeter contra la avaricia de los llamados ‘países frugales’, contra la Europa de los recortes, y contra lo que llamaron despectivamente ‘austericidio’. Europa ni siquiera ha tenido en cuenta la propuesta del Gobierno de crear una plataforma para la compra conjunta de gas y disponer de una reserva estratégica que permita paliar la especulación en el sistema de comercio de emisiones de CO2. Y no va a haber una reforma ‘ad hoc’ del mercado mayorista de la luz para España solo porque un Sánchez ninguneado crea que puede diseñar una UE a su medida que avale medidas de corte bolivariano en el mercado de la energía.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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