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Opinión

La ilegalidad como costumbre

Tres sentencias del Tribunal Constitucional vinculadas al estado de alarma decretado por Pedro Sánchez por la pandemia, y tres derrotas sin paliativos que, además, son el relato más contundente posible contra una forma de gobernar basada en la ilegalidad. Ahora sí, puede decirse que Sánchez ha hecho de la inconstitucionalidad una costumbre. Y que aunque ya no vaya a surtir grandes efectos jurídicos porque resulta imposible retrotraer en el tiempo a los millones de españoles que quedaron recluidos en sus casas, y expuestos a una cogobernanza autonómica abusiva durante seis meses, la segunda sentencia que considera ilegal el estado de alarma sí es una desautorización definitiva de Sánchez. No convocará elecciones porque la hemeroteca y la asunción de responsabilidades políticas le dan tan igual como la legalidad vigente. Y porque el Gobierno ya ha dado por amortizadas las consecuencias políticas del primer fallo que tumbó su estado de alarma. Por eso, la segunda sentencia le parecerá aún más irrelevante.

Sánchez no se marchará, pero el retrato que hace el Tribunal de su concepción del Estado, del valor que concede a un Parlamento prácticamente secuestrado durante meses, y de la labor de fiscalización del Gobierno por parte de la oposición, es demoledor. Pocos presidentes en el planeta actuaron con tan poca transparencia durante la pandemia, con un criterio tan autoritario e intervencionista, y con una utilización tan caprichosa de la legalidad como Sánchez. Y los que lo hicieron no se caracterizan precisamente por su marchamo democrático.

La izquierda volverá a argumentar que el TC está viciado por su mayoría conservadora y por factores ideológicos, pero a buen seguro no incidirá en la letra pequeña. Por ejemplo, que el presidente del TC, propuesto en su día por el PP, ha votado por enésima vez con el bloque progresista; y que la vicepresidenta, avalada por el PSOE, ha considerado ilegal el segundo estado de alarma, igual que hizo con el primero. Y tampoco incidirán en que el magistrado Andrés Ollero, conservador, antiguo diputado del PP, y que consideró legal, útil y oportuno el primer estado de alarma, juzga ahora abusivo el segundo. Estas consideraciones caerán en saco roto en la izquierda, porque de lo que se trata es de manipular a la ciudadanía, defender a Sánchez a ultranza, y seguir estigmatizando al Tribunal acusándolo de seguir órdenes de la derecha política. Pero los votos no engañan.

Es el Gobierno quien debe plantearse de una vez por todas dejar de afirmar que sus medidas contra la pandemia fueron proporcionadas y necesarias, y que salvaron vidas. Porque por mucha buena fe que pusiera contra la pandemia, el Estado tiene normas y no se usan de manera torticera, como sostenía el recurso de Vox que ha triunfado. Esta vez al menos el Gobierno ya no ha arremetido contra los magistrados ni les ha acusado de «hacer elucubraciones doctrinales». Aquel ataque contra la primera sentencia fue inmisericorde, injusto, y demostrativo de que el PSOE solo entiende el poder desde la sumisión de los poderes legislativo y judicial. Con todo, lo más grave es que se lleguen a normalizar tanto los reveses del TC al Gobierno, como si la costumbre dejase de ser noticia. Porque el adormecimiento social frente a conductas ilegales del Gobierno sería el mejor salvoconducto para que se siga maltratando la Constitución lo que reste de legislatura. Más que una enmienda a la totalidad del TC al estado de alarma, lo ocurrido es una moción de censura jurídica al sanchismo. Aquel que se valió de una única frase en una sentencia para echar del poder al PP, hace ahora caso omiso a tres durísimos fallos del TC contra él. La cosa es no darse por aludido.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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