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Opinión

Educación fácil y mediocre

La degradación de la enseñanza no universitaria sigue avanzando con paso firme en el camino de los currículos oficiales. Esta vez se trata del bachillerato, al que se le aplican criterios similares a los previstos para la enseñanza secundaria. De nuevo, el Gobierno quiere rebajar el nivel de exigencia a los alumnos, equiparándolos en los mínimos y desanimando a los que aspiren a máximos. Según el borrador que ha preparado el Ejecutivo, los alumnos podrán pasar de primero a segundo con hasta dos asignaturas suspendidas, e incluso obtener el título de bachillerato con una asignatura pendiente, siempre que el claustro docente lo estime conveniente y el alumno cumpla requisitos tan básicos como haber asistido a clase, haberse presentado a los exámenes y una nota media de cinco. Estas decisiones tampoco son ajenas a la realidad actual de los centros educativos, pero responden a iniciativas internas, sin crear precedentes. Al trasladarlas a una norma, será muy fácil que se tomen como un derecho del alumno y una obligación del profesorado, más aún con las presiones que suelen ejercer las familias en situaciones de este tipo.

La consecuencia de prever esta laxitud es que el tramo previo al acceso a la universidad pierde exigencia y, por tanto, no ayuda a los jóvenes a decidir con sinceridad si su verdadera vocación es la formación superior en un centro universitario o una formación profesional cualificada. Al rebajar el perfil de la condición universitaria se introduce confusión en los jóvenes, haciéndoles creer que también en la universidad será todo igual de fácil que en el bachillerato. El sistema educativo que está organizando el Gobierno es una estafa a los jóvenes. Es un engaño masivo, que luego provoca mucha hipocresía en quienes se quejan de que la universidad no prepara para el mercado laboral. Habría que añadir que el bachillerato no prepara para la universidad, ni la educación secundaria obligatoria para el bachillerato. Así se encadena un fracaso tras fracaso, con consecuencias bien visibles en el acceso de los jóvenes al mercado laboral, más fácil para quienes se cualifican más y mejor, con mayores niveles de exigencia que la media; y bien visibles en la brecha entre jóvenes cuyas familias puedan pagar una educación que escape al ‘low cost’ de los currículos que prepara el Gobierno y aquellos cuyas familias no tienen otra opción que someterse a los experimentos educativos de la izquierda en el sistema público.

En estas reformas subyace el prejuicio izquierdista contra el esfuerzo en el estudio, el valor del mérito, la virtud de la excelencia. Todas estas condiciones son asociadas por la progresía a una mentalidad conservadora, de manera que quien destaca sobre los demás es porque su familia tiene más medios económicos que el resto y esto no pueden tolerarlo los igualitaristas de la mediocridad. Las consecuencias de estas ingenierías sociales con la educación se miden por generaciones. Son fáciles de aprobar y aplicar, pero difíciles de revertir. No se tiene en cuenta, además, la carga de responsabilidad que se desploma en los hombros de los profesores, que están cada vez menos convocados a ser maestros, es decir, a enseñar lo que el alumno no sabe y a ayudarle a aprender, y más obligados a hacer de peones de brega de los experimentos con los niños y jóvenes. Todo esto, sin que se refuerce su autoridad interna en las aulas y su autoridad externa frente a las familias.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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