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Opinión

Mentiras sobre la sedición

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene en su agenda política la reforma del delito de sedición para dar cobertura a los indultos que se propone conceder a los líderes separatistas. La intención del Ejecutivo es impulsar un debate social y parlamentario que deslegitime el delito de sedición y presente su reforma como una especie de imposición foránea, porque, según La Moncloa, los países de nuestro entorno sancionan ese delito con penas mucho más bajas que en España. La cadena argumental se hace muy sencilla: los indultos perdonan penas desproporcionadas que nos alejan de la convergencia europea. Incluso no falta algún portavoz gubernamental que añade el adjetivo de «decimonónico» al actual delito de sedición. Ha llegado también el auxilio a esta tesis de los votos particulares discrepantes que están recibiendo las primeras sentencias del Tribunal Constitucional que ratifican las condenas impuestas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los magistrados firmantes de esos votos se oponen a las condenas porque consideran que las penas son «desproporcionadas», armando así las demandas que los abogados de los dirigentes separatistas en prisión llevarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso de la «desproporción» recuerda a la inicua sentencia que también dictó el TC para poner en libertad a la cúpula de Herri Batasuna en plena vigencia del Pacto de Estella entre ETA y el PNV. La diferente mayoría en el TC ha impedido un vuelco similar con las condenas a Oriol Junqueras y demás acusados, pero ahí queda sembrada la semilla de la discordia.

Las falsedades del Gobierno sobre el delito de sedición están retratadas en el informe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contrario a la concesión de indultos. Los magistrados quisieron defender su sentencia condenatoria frente al reproche de la desproporción y, por esta razón, ofrece unos datos significativos. El delito de sedición no castiga el ejercicio de libertades de opinión o manifestación, sino la obstrucción violenta al cumplimiento de sentencias, es decir, a la vigencia del Estado de Derecho. El delito aplicado por el Supremo no es del siglo XIX, sino del Código Penal de 1995, impulsado por el último gobierno de Felipe González. Es una norma del PSOE. Y la pena con la que se castiga la sedición en España no solo no es desproporcionada al compararla con las que prevén otros países para delitos similares, sino que incluso roza la benevolencia.

La desfachatez en la mentira no es astucia política, sino ruina ética. En esto incurre el Gobierno cada vez que justifica su intención de rebajar las penas del delito de sedición con argumentos falsos, que atacan la calidad de nuestro Estado de Derecho y que deslegitiman las decisiones judiciales. Que unos fanáticos separatistas ataquen a la justicia y a la democracia con mentiras entra dentro de lo normal, pero que lo haga el Gobierno supone una degradación sin precedentes de sus responsabilidades políticas. Lo que mide la gravedad de las intenciones de Sánchez es la contumacia de los condenados en su voluntad delictiva. Reformar el Código Penal, lo mismo que indultar a Junqueras y compañía, no apaciguará al independentismo; lo ratificará en su estrategia contra el Estado. La normalidad nunca vendrá de la mano del desarme del Estado, porque el independentismo tiene predeterminado su objetivo, que es el conflicto permanente y, si es lo que quieren, el Estado no tiene más opción que perseverar en la firmeza. Por lo pronto, ERC exige que Oriol Junqueras esté en la ‘mesa de diálogo’, con indultos o sin ellos. Frente a esta provocación, el Gobierno se retrata con la reforma de la sedición y los indultos. Humillante.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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