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Opinión

La inflación no era pasajera

No compareció ayer Pedro Sánchez para explicar con un gráfico -similar al que mostró el pasado miércoles para hacer trampas con el recibo de luz- por qué en España se dispara la inflación y se desploma el poder adquisitivo. El IPC del mes de diciembre, adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en el 6,7 por ciento, la cifra más alta de los últimos treinta años, y no hace más que poner negro sobre blanco el alza de los precios que desde hace meses castiga a los consumidores. En lugar del jefe del Ejecutivo, fue el ministro de Presidencia el encargado de restar importancia al proceso inflacionario, asegurando que el aumento de los precios es «transitorio y temporal» y que a lo largo de 2022 «se va a poder ir corrigiendo». Al menos Félix Bolaños no trató de restar credibilidad al INE, como sucedió cuando hace unos meses el organismo público desmontó las previsiones de crecimiento económico elaboradas por un Gobierno que sigue sin afrontar el desafío que representa esta escalada del IPC, genuino impuesto para pobres cuyas primeras víctimas son precisamente los más vulnerables, aquellos a los que el Ejecutivo no deja de prometer protección y escudos sociales.

Es la incapacidad genética del Gobierno para aceptar la realidad con la que tropieza su proyecto demagógico lo que le impide amortiguar sus consecuencias. Donde no hay problema no hace falta solución. La crisis inflacionista es un fenómeno pasajero que se irá solventando por si solo. Este es el paradójico mantra que repite un Ejecutivo cuyo instinto intervencionista contrasta con su pasividad para hacer frente a los problemas económicos, o de cualquier otra especie, que afectan a los españoles. La negación de la crisis financiera de 2008 está en el origen del desastre que terminó con José Luis Rodríguez Zapatero y desembocó, ya con Mariano Rajoy en La Moncloa, en un amago de rescate por parte de Bruselas. La inflación que registra España, de menor calado que el desplome de hace trece años, es hoy ejemplo de la obstinación de la izquierda para rechazar cualquier evidencia que desmonte sus planes y futuribles. La Agenda 2030 tapa el calendario de 2022, cuando, según Bolaños, el IPC «se va a poder ir corrigiendo». Solo cabe esperar de brazos cruzados.

En manos del Banco Central Europeo, la política monetaria y el control de los procesos inflacionistas escapan a las competencias del Gobierno, sometido a las directrices compartidas por una eurozona que, como España, sufre las tensiones provocadas desde mediados de año por el alza del precio de los combustibles y la escalada de la factura eléctrica, tormenta a la que añaden factores de riesgo la crisis de los suministros industriales y la desarticulación de las redes globales de transporte. El equipo de Pedro Sánchez puede responsabilizar a Christine Lagarde de la inflación, como ya hizo con el gas, culpando a la UE de una rigidez que impedía abaratarlo a través de compras conjuntas, o como también hizo con el INE, cuyos registros del PIB trató de descalificar. Buscar culpables externos quizá le sea rentable políticamente y a corto plazo, pero el coste de esta estrategia negacionista resulta impagable para España, cuyo crecimiento económico va a sufrir el impacto del encarecimiento de un combustible que no da señales de estabilidad en los mercados. El populismo que rodeó la pretendida rebaja del recibo eléctrico, desmontada por la fuerza de los hechos, sirve para explicar, mejor que cualquier gráfico elaborado por los propagandistas de La Moncloa, la inacción ante una crisis inflacionista que hace solo unas semanas era pasajera y que ahora se irá corrigiendo a lo largo del nuevo año.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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