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Mientras Europa se plantea en serio la vacunación obligatoria, España no sabe qué hacer: lo que sabemos sobre la efectividad y potencia de este tipo de medidas

«Creo que es razonable y apropiado tener esta discusión ahora: cómo podemos alentar [la vacunación] y potencialmente pensar en la vacunación obligatoria dentro de la Unión. Es necesario discutirlo y tener un enfoque común». Con estas palabras, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, abría la puerta a la posibilidad de imponer la inmunización obligatoria contra el COVID-19 en toda la UE.

España es uno de los países del continente con mayores tasas de vacunación y, pese al crecimiento de casos de coronavirus, es algo que se nota en la evolución de la pandemia durante las últimas semanas. No obstante, el debate sobre si el país debe sumarse a estas vacuanciones obligatorias está encima de la mesa. Por ello nos hemos preguntado, ¿qué se sabe sobre la eficacia de la vacunación obligatoria?


La obligatoriedad no es nada nuevo

Lo cierto es que, a la luz de la evidencia histórica, la «vacunación obligatoria» es una herramienta más en salud pública y existe una larga tradición en su uso en el mundo entero. Elisa Bonaparte, hermana de Napoleón y gobernadora durante una época del principado italiano de Lucca y Piombino, ordenó la vacunación obligatoria frente a la viruela de adultos, niños y bebés. Era 1806.

Con los decretos de 1801, 1815, 1855 y 1903, esa «obligatoriedad» alcanzó a España donde generó polémica y oposición, pero en contraste con las situaciones vividas en Canadá o Brasil no ocasionó grandes conflictos. El motivo, no obstante, no está tanto en la buena imagen pública que habían conseguido las vacunas ante varias epidemias (como la cólera en la Valencia de 1885 o la de viruela en el Madrid de 1890); sino en la incapacidad real del gobierno y la autoridad sanitaria para hacer efectiva la obligatoriedad (que a menudo solo se hacía efectiva en caso de epidemia).

De hecho, en el decreto de enero de 1903, el Ministerio de Gobernación, con Antonio Maura a la cabeza, señalaba que la viruela «seguía haciendo estragos en España mientras estaba casi extinguida en otros países europeos«, y recordaba una vez más que era absolutamente obligatoria la vacunación en caso de epidemia, especificando los deberes de cada autoridad local y las sanciones por incumplimiento. Durante los siguientes años, el Gobierno recurrió a las sanciones, sí; pero también a los premios y regalos o incluso vacunaciones a domicilio.

Todo poco útil. Para que nos hagamos una idea de la situación, en 1918, con la «gripe española» haciendo estragos en el país y los casos de viruela creciendo, el Gobernador Civil de Madrid se vio en la necesidad de imponer fuertes sanciones de hasta 500 pesetas a quien no se inmunizara (frente a la segunda, la primera aún no tenía vacuna). A partir de 1921, con la extensión de la red de escuelas, se aprobó la obligatoriedad de las vacunas de la viruela y el tifus a todos los niños del país. Después de eso, España solo ha necesitado imponer la vacunación dos veces más: la de la difteria en 1943 y el sonado caso de sarampión de 2011 en el que un juez ordenó la vacunación de varios niños en Granada.

Y con sus más y sus menos, el esquema español ha sido la constante a nivel internacional. Por ejemplo, Inglaterra aprobó en 1853 una Ley de Vacunación para inmunizar obligatoriamente frente a la viruela a todos los recién nacidos en Inglaterra y Gales. Sin embargo, en la ley de 1907 ya se había levantado de facto la obligatoriedad de vacunar a los bebés británicos y, en poco tiempo, los no inmunizados llegaron a ser una cuarta parte de todos los nacimientos. Durante el siglo XX, terminaron de desarrollarse los esquemas que combinaban «el palo» y «la zanahoria» para alcanzar coberturas lo suficientemente amplias como para mantener a raya a las enfermedades.

Una medida eficaz, pero ¿contraproducente?

Teniendo en cuenta todo esto, la pregunta es si se trata de una medida eficaz. Y en términos generales, la verdad es que la respuesta no es clara. A poco que nos adentramos en la literatura científica vemos que hay falta de datos sistemáticos sobre el tema. Cuando se diseña bien y se circunscriben a entornos concretos, parece que sí lo es. El ejemplo clásico (y más estudiado) sobre los efectos de la vacunación obligatoria es el Hospital Virginia Mason.

Este centro se convirtió en 2004 en el primer centro sanitario de EEUU en exigir a todo su personal que se vacunase contra la gripe. La tasas de vacunación pasaron del 54 al 98%. En agosto de 2021, el mismo centro introdujo la obligatoriedad de la vacuna del COVID. Los resultados fueron muy similares: el 95% estaban vacunados para el 18 de octubre. El otro 5% (incluido el personal parcialmente vacunado) estaba en licencia.

Lo que ocurre es que, hoy por hoy, cuando hablamos de «vacunación obligatoria» no solemos tener en mente centros y organizaciones tan concretos, sino grandes capas de la sociedad. Ahí la evidencia nos dice que la introducción de este tipo de medidas mejora la cobertura vacunal y reduce la incidencia de las enfermedades prevenibles con respecto a la situación anterior. Eso parece claro (sobre todo en introducciones como la de Gambia en 2007 donde el margen de mejora es amplio). ¿Pero qué resultado encontramos en estados donde la cobertura y la accesibilidad de las vacunas dejan márgenes pequeños de éxito?

Por lo que sabemos sobre el rechazo a las vacunas, los motivos clave entre los reacios son la desconfianza hacia el Gobierno y las autoridades sanitarias y las ideas sobre su peligrosidad e ineficacia. Por eso, muchos investigadores señalan es que medidas como la obligatoriedad puede acabar reforzando esas posiciones (y generando otros problemas). Y se trata de una preocupación pertinente porque en el único caso conflictivo de antivacunas en España, la resolución judicial «acantonó» a las familias y generó una oposición aún más agresiva a las vacunas. ¿Es posible que la imposición genere una mayor resistencia y acabe agravando el problema?

Por eso, en los países desarrollados donde se ha sopesado introducir este tipo de medidas en los últimos años, la tónica general ha sido limitarlo a situaciones muy determinadas. «Creemos que es mucho más preferible que los médicos informen y eduquen a los padres sobre los abrumadores beneficios de la vacunación, no sólo para sus hijos, sino para la sociedad en general. La relación médico-paciente se basa en la confianza, la libertad de elección y la transparencia y creemos que la introducción de la vacunación obligatoria puede perjudicarla», decía la Asociación Médica Británica hace solo unos años y las incertidumbres no se han disipado en este tiempo.

En definitiva, lo que parece indicar la evidencia es que se trata de una medida que puede funcionar, pero que está especialmente indicada para circunstancias concretas. Y sí, en determinados ámbitos podría ser matar moscas a cañonazos; pero en otros, podría ser el último recurso de la autoridad sanitaria. España tiene datos muy buenos de vacuanción y, pese al crecimiento de las cifras de coronavirus, no parece que sea el país europeo que más necesidad tenga de este tipo de medidas. No obstante, como decía Pampa Molina, la redactora jefe de SINC, hemos visto demasiadas veces durante la pandemia cómo se «importan debates de otros países que aquí y ahora no tienen sentido».

Imagen | Pato Gonzalez


La noticia

Mientras Europa se plantea en serio la vacunación obligatoria, España no sabe qué hacer: lo que sabemos sobre la efectividad y potencia de este tipo de medidas

fue publicada originalmente en

Xataka

por
Javier Jiménez

.

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